“Todo comenzó en un asado”: el documento que sostiene que la intervención del Puerto de Ushuaia fue una operación política para quedarse con “la caja portuaria”

11:17 | El texto reconstruye reuniones previas entre funcionarios nacionales, dirigentes sindicales y actores vinculados a la ex AGP, denuncia el desvío de fondos portuarios hacia cuentas nacionales y sostiene que la intervención del Puerto de Ushuaia fue “una operación política, sindical y económica planificada con anticipación”.

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“Todo comenzó en un asado”: el documento que sostiene que la intervención del Puerto de Ushuaia fue una operación política para quedarse con “la caja portuaria”
Con una reconstrucción cronológica cargada de acusaciones políticas, referencias a operadores sindicales, denuncias económicas y cuestionamientos constitucionales, comenzó a circular un documento sobre la intervención del Puerto de Ushuaia que busca instalar una hipótesis mucho más profunda que la de un conflicto gremial o administrativo: que la avanzada nacional sobre la Dirección Provincial de Puertos (DPP) fue una maniobra “planificada con anticipación” para controlar uno de los activos estratégicos más importantes de Tierra del Fuego.El texto, titulado “Intervención del Puerto de Ushuaia”, sostiene desde sus primeras líneas que lo ocurrido constituye “un hecho inédito, sin precedentes y una aberración que viola a todas luces el federalismo del país”, citando incluso a constitucionalistas como Daniel Sabsay, Juan Carlos Cassagne y Antonio María Hernández.Pero el punto más fuerte del documento aparece en la reconstrucción política que realiza sobre el origen de la intervención.“La intervención del Puerto de Ushuaia no fue un suceso improvisado ni una reacción urgente frente a una crisis real. Fue una operación política, sindical y económica planificada con anticipación”, afirma el texto.Según el documento, todo comenzó tras la aprobación de la Ley Provincial 1596, que habilitaba excepcionalmente la utilización de fondos de la DPP para financiar a OSEF. Allí sostienen que esa disposición “terminó siendo la excusa perfecta para comenzar a construir el relato de una supuesta crisis institucional dentro del puerto”.Sin embargo, el relato escala cuando menciona un episodio puntual que el texto presenta casi como el momento en que “se cocinó” la intervención: un asado realizado en la Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia. “Fue entonces cuando ocurrió uno de los hechos más reveladores de toda esta historia: el famoso asado en la Asociación de Caza y Pesca de Ushuaia”, sostiene el documento.Allí, según describen, participaron funcionarios de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), dirigentes de la UPSF y el propio Iñaki Arreseygor, funcionario del gobierno de Javier Milei. “Las fotografías de aquel encuentro terminaron convirtiéndose en el símbolo del origen político de la intervención”, afirma el texto.A partir de allí, el documento describe una secuencia que, según sus autores, fue armada para justificar una decisión ya tomada. “Después de esas reuniones comenzaron las denuncias, los informes exprés y las amenazas de intervención administrativa”, señalan.Y agregan: “En menos de 36 horas la ANPyN elaboró una auditoría y un informe técnico que intentaban mostrar un escenario de gravedad institucional, operativa y financiera dentro del Puerto de Ushuaia”.El documento insiste varias veces en que esa crisis “fue construida”. “Se construyó una narrativa de caos. Se habló de riesgos operativos. De supuestas fallas graves. De peligro para la habilitación portuaria”, enumeran.Sin embargo, el texto sostiene que posteriormente comenzaron a aparecer documentos oficiales que “desmintieron y echaron por tierra los fundamentos utilizados para la intervención”. Allí mencionan el Certificado PBIP de Puerto Seguro, los despachos electrónicos de Prefectura Naval y certificados ambientales que demostrarían “actividad normal y operación plena”.Pero quizás el eje más fuerte del documento no sea político sino económico. “La maniobra dejó al descubierto el verdadero objetivo económico de la intervención: apropiarse de la caja portuaria”, afirma el texto en uno de sus párrafos más contundentes.Allí denuncian que recursos generados por la actividad portuaria “comenzaron a desviarse hacia cuentas bancarias ajenas a la Dirección Provincial de Puertos”, incluyendo cuentas vinculadas a la AGP en liquidación. “Dinero producido por la explotación de un puerto provincial, que por ley y convenio debe permanecer bajo administración provincial, terminó siendo absorbido por estructuras nacionales”, sostienen.El documento también dedica uno de sus tramos más duros a la madrugada del 21 de enero, cuando se concretó la intervención. “La intervención avanzó sobre el Puerto de Ushuaia mediante un operativo con presencia de antimotines de la Prefectura Naval Argentina”, señala.Y agrega: “Lo que debía ser un organismo provincial autónomo terminó siendo ocupado mediante un despliegue de fuerzas federales”. Según el texto, aquella noche “más de 80 trabajadores fueron removidos de sus funciones”, mientras “alrededor de 140 familias quedaron sumidas en una situación de incertidumbre absoluta”. “La intervención no se limitó a una cuestión administrativa. Se apropiaron materialmente del puerto”, afirman.Hacia el final, el documento vuelve a elevar el tono político y menciona a actores vinculados históricamente a la Administración General de Puertos (AGP), entre ellos Cristian Rigueiro, Carlos Esposaro, Diego Salom y Leonardo Salom, a quienes relacionan con “manejos irregulares dentro del sistema portuario nacional”.Además, sostienen que “la alianza entre sectores políticos de La Libertad Avanza, funcionarios de la ANPyN y estructuras sindicales vinculadas a la UPSF terminó funcionando como el brazo operativo para ejecutar la ocupación del Puerto Ushuaia”.El cierre del texto deja en claro que el documento busca instalar una discusión que excede al conflicto local del puerto. “Lo que se presentó como una medida urgente para salvar el puerto terminó apareciendo como una maniobra política armada de antemano para apropiarse de un recurso estratégico provincial”, concluye.Y finalmente advierte: “Si el Gobierno Nacional puede intervenir y apropiarse de un puerto provincial utilizando fuerzas federales, entonces ninguna jurisdicción argentina conserva verdaderamente garantizado su federalismo”.

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