Tierra del Fuego invirtió $2.650 millones en prestaciones médicas para personas con discapacidad

Tras las críticas recibidas, el Gobierno de Tierra del Fuego dio a conocer datos actualizados sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Según la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, el padrón provincial cuenta con 2.086 beneficiarios: 2.006 por discapacidad y 71 bajo los alcances de la Ley 389, que también contempla a adultos mayores. Del total, 998 personas cuentan con cobertura médica de la obra social estatal OSEF, tal como lo establece la normativa par

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Tierra del Fuego invirtió $2.650 millones en prestaciones médicas para personas con discapacidad
Tras las críticas recibidas, el Gobierno de Tierra del Fuego dio a conocer datos actualizados sobre el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE). Según la ministra de Bienestar Ciudadano y Justicia, Adriana Chapperón, el padrón provincial cuenta con 2.086 beneficiarios: 2.006 por discapacidad y 71 bajo los alcances de la Ley 389, que también contempla a adultos mayores. Del total, 998 personas cuentan con cobertura médica de la obra social estatal OSEF, tal como lo establece la normativa para quienes no poseen cobertura propia, familiar o por tutor legal. En el último mes, el Estado destinó cerca de $1.100 millones para el pago de pensiones y otros $38 millones para las otorgadas por vejez. Chapperón destacó el esfuerzo presupuestario que implica garantizar el acceso a la salud de los beneficiarios. Solo en el primer semestre de 2025, la inversión en prestaciones médicas para afiliados con discapacidad de OSEF superó los $2.650 millones, con un promedio de $450 mil mensuales por persona, sin incluir el pago de acompañantes terapéuticos. La funcionaria señaló que se lleva adelante una revisión de casos para detectar posibles incumplimientos de la normativa. Entre las irregularidades identificadas se encuentran beneficiarios que no residen en la provincia desde hace más de tres meses sin justificación, certificados médicos con un porcentaje de discapacidad inferior al 66% o personas que no han declarado otros ingresos como jubilaciones, pensiones o empleo en relación de dependencia. “En todos estos casos se procede al análisis correspondiente y, en caso de ser necesario, se notifica a los beneficiarios para que regularicen su situación antes de suspender o caducar el beneficio, tal como lo establece la ley”, afirmó Chapperón. Por último, recordó que en 2019 la pensión por discapacidad era de $204 mil, mientras que actualmente supera los $540 mil, lo que refleja un incremento significativo en la asistencia estatal.

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