Lapadula se refirió al anuncio realizado por el Gobernador Gustavo Melella en la apertura de sesiones ordinarias respecto a solicitar la adhesión de la provincia al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
“Lo que nos preocupa no es el debate sobre el RIGI en sí mismo. Lo que nos preocupa es el repentino cambio de postura del Gobernador. Pasar de cuestionarlo a promover su adhesión en cuestión de meses genera dudas legítimas. Las políticas públicas no pueden definirse por el ahogo financiero al que llevó esta gestión al Estado provincial”, expresó Lapadula.
El legislador recordó que Tierra del Fuego ya cuenta con un régimen promocional propio —Ley 19.640— cuyos beneficios fiscales y aduaneros son sustancialmente superiores a los contemplados en el RIGI. “No estamos como estamos por no adherir al RIGI. Estamos atravesando dificultades por decisiones del Gobierno nacional que atentan contra nuestra industria, por tasas de interés incompatibles con la economía real y por una gestión provincial irresponsable en el uso de los recursos públicos”, afirmó.
“Lo dijimos antes y lo reiteramos ahora: no es RIGI sí o RIGI no. Es para qué lo queremos y en qué condiciones. No vamos a acompañar una adhesión automática que ceda autonomía por treinta años a libro cerrado”, sostuvo Lapadula.
El proyecto de adhesión condicionada al RIGI, establece que cada proyecto de inversión deberá contar con aprobación expresa de la Legislatura provincial mediante ley específica.
“El RIGI otorga estabilidad fiscal, cambiaria y regulatoria por hasta 30 años. Son beneficios extraordinarios que no pueden concederse sin que los representantes del pueblo fueguino analicen caso por caso el impacto fiscal, ambiental, laboral y estratégico”, sostuvo Lapadula.
Este proyecto, además propone una adhesión limitada y selectiva, con ratificación legislativa obligatoria para cada iniciativa, y declara como inversiones estratégicas prioritarias la construcción de un Puerto Multipropósito en Río Grande y un segundo muelle en Ushuaia, con una inversión mínima de 200 millones de dólares.
“Somos los fueguinos quienes tenemos el derecho a decidir qué inversiones queremos y cuáles son prioritarias para nuestro desarrollo. No un funcionario del Ministerio de Economía de la Nación”, subrayó Lapadula.
Asimismo, advirtió que cualquier disminución de impuestos provinciales impacta directamente en la coparticipación municipal. “Cada vez que la provincia tuvo dificultades financieras, recurrió a la quita de recursos municipales. No podemos tomar decisiones que afecten la autonomía y las finanzas de los municipios sin que tengan voz en esta discusión”.
“Estamos dispuestos a debatir inversiones estratégicas para Tierra del Fuego. Queremos desarrollo, empleo y obras de infraestructura. Pero no vamos a acompañar una adhesión sin condiciones que comprometa recursos y potestades por tres décadas. Si hay un proyecto serio, con impacto real y beneficios concretos para nuestra provincia, contará con nuestro análisis responsable. Lo que no vamos a hacer es resignar soberanía y autonomía por necesidad financiera de un gobierno provincial”, dijo Lapadula.
De esta forma, el parlamentario fueguino ratificó su postura: inversión sí, pero con decisión fueguina, control legislativo y prioridades estratégicas claras.
