Ya tiene fecha el juicio oral a Carlos Córdoba y la cúpula de ATE por estafa con viviendas

Se trata del plan de viviendas por el cual fue conformado el barrio 128 Viviendas ATE, para el cual hubo comercialización de viviendas por parte de dirigentes sindicales estatales a gente que le prometieron “la casa propia”.

El juicio está programado en el Tribunal de Juicio de Ushuaia para el 18 de mayo próximo y tendrá como imputados; el responsable del área de Vivienda de ATE Miguel Angel Arana, y Carlos Córdoba como secretario general del gremio, quien el fiscal sostiene no podía desconocer la maniobra e incluso se probó que llevó adelante gestiones administrativas ante el IPV y hasta recibió reclamos de algunos afiliados que pagaron para acceder a las viviendas.

A juicio se elevan 22 hechos consideradas “estafas” en los que diversas personas hicieron pagos para ser incluidos en los listados de beneficiarios que confeccionó ATE Ushuaia, y de los cuales el IPV solo controlaba que cumplieran con los requisitos para el acceso a viviendas.

Esta era una maniobra propia del gobierno de Rosana Bertone en el que la política habitacional del Estado increíblemente se delegaba en asociaciones sindicales o de otro orden social, generando estas situaciones de descontrol.

Además estpa impyutados de defraudación por administración fraudulenta con falsificación ideológica de documentos, habiendo quedado sobreseídos otros integrantes de ATE durante la etapa de instrucción de la causa.

Lavado de dinero con un solo imputado
Finalmente al juicio también se suma un tercer imputado; Erik Enrique Moscoso Panozo, un agente externo a ATE, quien será juzgado por el delito de “lavado de activos” dado que del dinero defraudado, una parte fue invertido en la obtención de manera ilegítima de maquinarias, montándose una empresa.

En esa maniobra inicialmente estuvieron imputados el principal acusado del caso, Miguel Angel Arana junto a su esposa.

Increíblemente ambos fueron desvinculados de esta acusación en razón de celebrar con Gobierno una “reparación integral del daño” habiendo entregado una retroexcavadora que los vio eximidos de esta imputados. Todo ello tuvo la anuencia del fiscal del caso Daniel Curtale y el juzgado interviniente.

En ese caso no se dio parte al IPV que intervendrá en el juicio como parte querellante acusadora.

La investigación calculó que a las personas se las defraudó en $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares; montos percibidos antes del año 2018 en que se comenzaron a radicar las denuncias-.

Juicio puede quedar sin efecto
Finalmente es de destacar que este juicio está programado por el Tribunal a la espera de un pedido de “suspensión de juicio a prueba” que presentaron las defensas de los imputados, el cual fue rechazado y está en la Sala Penal de la Cámara de Apelaciones.

Se aguarda que la Cámara resuelva antes del 18 de mayo a fin de definir la realización efectiva –o no- de este proceso escandaloso-.