El estudio lo realizó en su tesis final Débora Noemí Villalba quien se recibió como Licenciada en Ciencias Políticas en la UNTDF de Río Grande y eligió como temática; “La Salud Mental en la agenda del gobierno local y el rol de las Organizaciones de la Sociedad Civil” y el martes 26 realizó la defensa del trabajo.
El trabajo destacó que entre 2021 y 2022 el contexto local estuvo atravesado por un incremento significativo de suicidios en la provincia: 22 casos en 2021 y 23 en 2022, con 12 de ellos ocurridos en Río Grande en ambos años.
En este contexto destacó que distintos actores sociales comenzaran a involucrarse detallando a organizaciones como “Mucho por Vivir”, “Integrando Lazos”, “Ni un Pibe Menos por la Droga” y “Bunker Vida”, destacando que “cumplieron un rol central en la visibilización del problema y en la construcción de redes de contención ante el escaso servicio de salud mental en la ciudad”.
En ese sentido expresó que “esta investigación permite afirmar que, si bien desde el Municipio se dio un paso significativo a partir de la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, fueron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes contribuyeron a transformar y orientar esa agenda hacia un enfoque comunitario y territorial. Su intervención no solo visibilizó demandas históricamente desatendidas, sino que también operó como un actor de presión social en la dimensión política, que llevó al gobierno local a revisar y ampliar sus dispositivos institucionales”.
En ese sentido cuestionó una endeble respuesta estatal en cuanto a la creación de la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones y un Consejo Consultivo Honorario con articulación provincia-municipios que “no llegó a ponerse en funcionamiento”.
“Para compensar esta situación, en 2022 se implementaron mesas intersectoriales como espacios de articulación. Sin embargo, persisten desigualdades territoriales y falta de recursos, lo que evidencia una brecha entre el marco normativo y su implementación efectiva en la provincia”.
En 2019 se creó una Coordinación Municipal para la Prevención del Suicidio “pero luego vetado por el entonces intendente, Gustavo Melella, mediante el Decreto Nº 429/2019, lo que evidenció tensiones políticas e institucionales en torno a la consolidación de políticas permanentes sobre la temática”, esgrimió el estudio.
Destacó que la actual gestión municipal “fortaleció el abordaje institucional mediante la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dentro de la Secretaría de Salud, mediante el Decreto Municipal N° 1318/19. Posteriormente, en 2022, se creó el Consejo Municipal de Salud Mental. “Sin embargo, pese a haber sido promulgado, dicho Consejo nunca se puso en funcionamiento, situación similar a la registrada en el ámbito provincial”.
Más allá de esto el estudio destaca que “la articulación entre el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) existe, aunque en muchos casos depende más de vínculos informales que de instancias institucionalizadas”.
Asimismo, se señala “el Municipio mostró una mayor apertura hacia las OSC y avanzó en políticas con perspectiva comunitaria, mientras que la articulación con el nivel provincial aparece más fragmentada”.
Finalmente, “la articulación entre provincia y municipio continúa siendo un desafío” dando cuenta de la ausencia de un trabajo mancomunado.
“El camino recorrido entre 2019 y 2024 muestra avances importantes, pero también señala que la sostenibilidad de la política de salud mental y prevención del suicidio dependerá de los acuerdos políticos”, concluye.
