“Todos tenemos que levantar la bandera de que el puerto es de los fueguinos”

En el octavo mes de la intervención nacional del puerto de Ushuaia, los trabajadores Gastón Castillo y Valeria Barría pidieron ampliar el reclamo y convocaron a todos los sectores políticos, sindicales, empresariales y sociales de Tierra del Fuego a conformar una “gran mesa de diálogo” para exigir que la terminal vuelva a manos de la Provincia.“Es momento de levantar la bandera del puerto, abrir una gran mesa de diálogo con todos los referentes y pedir que sea devuelto a la provincia”, expresó Barría en declaraciones a TVP Noticias. La trabajadora remarcó que la situación no afecta únicamente al personal desplazado, sino también a transportistas, estibadores, apuntadores, operadores turísticos y numerosas familias vinculadas directa o indirectamente con la actividad.Castillo y Barría consideraron que el puerto constituye un recurso estratégico para toda Tierra del Fuego por su cercanía con la Antártida, su condición bioceánica y su importancia económica. En ese sentido, señalaron que la recuperación de la terminal no puede quedar limitada al reclamo de los trabajadores y las autoridades portuarias.“La responsabilidad es de todos los que vivimos en la provincia. Los actores políticos, los dirigentes gremiales y las cámaras relacionadas con la actividad tienen que levantar la bandera de que el puerto es de los fueguinos”, sostuvieron. El reclamo llegó a Buenos AiresComo parte de las acciones para nacionalizar el conflicto, los trabajadores viajaron a Buenos Aires y participaron de unas jornadas ferroportuarias organizadas por APEFA, una entidad sindical vinculada con la actividad portuaria.La presencia fueguina se concretó a partir de una invitación del diputado Jorge “Coqui” Araujo y les permitió exponer la situación ante referentes políticos, gremiales y sindicales de diferentes puntos del país.También mantuvieron reuniones en el Congreso con la diputada Andrea Freites y con integrantes del bloque de Unión por la Patria, entre ellos Germán Martínez y Cecilia Goró. Según explicaron, los legisladores nacionales se comprometieron a impulsar un pedido de informes al Ejecutivo para conocer el destino de los recursos generados por el puerto durante la intervención.“Queremos saber qué se está haciendo con ese dinero y esperamos obtener una respuesta por la vía administrativa, sin tener que recurrir a la Justicia como hizo el diario Del Fin del Mundo”, manifestó Castillo.Los trabajadores aseguraron que anteriormente presentaron impugnaciones, notas y solicitudes de información relacionadas con contrataciones y licitaciones, pero afirmaron que hasta el momento no recibieron respuestas. Cuestionamientos a la JusticiaCastillo también criticó la decisión del juez federal Federico Calvete de declararse incompetente en tres oportunidades frente a los planteos realizados contra la intervención y derivar las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia.“Creemos que se lavó las manos y lo pasó a la Corte para no tener que tomar una decisión contra el Gobierno nacional”, cuestionó. Para los trabajadores, la demora judicial prolonga la incertidumbre y reduce las posibilidades de alcanzar una solución antes del comienzo de la próxima temporada de cruceros.Además, advirtieron que, pese a que la intervención fue establecida inicialmente hasta el 21 de enero, se están impulsando licitaciones cuyos plazos superarían esa fecha. Interpretaron esas decisiones como una señal de que las autoridades nacionales pretenden extender su permanencia en la terminal. Preocupación por la próxima temporadaBarría y Castillo también alertaron sobre la falta de coordinación de cara a la temporada turística. Indicaron que, en años anteriores, para esta época la Dirección Provincial de Puertos ya trabajaba junto con agencias, operadores y otros actores para organizar el movimiento de cruceros y embarcaciones.Frente a los cuestionamientos de sectores turísticos por una carta enviada a armadores y agencias marítimas, aclararon que el documento no buscaba amenazar con la paralización de la actividad, sino advertir sobre los riesgos derivados de la falta de respuestas.“Decir que la temporada corre riesgo porque todavía no podemos regresar a nuestros puestos de trabajo no es amenazar: es informar y dar previsibilidad”, expresó Barría.Los trabajadores insistieron en que no pretenden perjudicar la actividad turística, pero señalaron que la situación debe resolverse antes del inicio de la temporada. También reclamaron un pronunciamiento más firme de las cámaras empresariales y cuestionaron que algunos sectores dirijan sus críticas hacia quienes sostienen el reclamo. “La defensa del puerto tiene que ser colectiva”Finalmente, Castillo y Barría destacaron que continuarán visibilizando el conflicto dentro y fuera de Tierra del Fuego. Valoraron las repercusiones alcanzadas en Buenos Aires y el informe difundido por C5N, al considerar que permitió instalar a nivel nacional una situación que permanecía fuera de la agenda.“Nos toca ser la voz de nuestros compañeros, pero esto va mucho más allá de nosotros. Hay mucha gente que vive de la actividad portuaria y está preocupada”, señalaron.Por esa razón, reiteraron la convocatoria a construir un reclamo colectivo y dejar de lado las diferencias sectoriales. “Si hablamos de soberanía, tenemos que ponernos todos la camiseta y defender nuestro puerto”, concluyeron.