Suicidios en Río Grande: un estudio revela el rol clave de las ONGs en políticas de prevención

01:27 | Así se desprende de un estudio presentado en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) sobre el rol de la Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y su contribución para “transformar y orientar las políticas públicas hacia un enfoque comunitario y territorial”.

Critica Sur··6 minutos de lectura
Suicidios en Río Grande: un estudio revela el rol clave de las ONGs en políticas de prevención
Un estudio sobre “La Salud Mental en la agenda del gobierno local y el rol de las OSC: Políticas de prevención y asistencia al suicidio en la Ciudad de Río Grande (2019-2024)” fue presentado el martes último en el campus "Malvinas Argentinas" de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego (UNTDF) en Río Grande.Entre 2021 y 2022 el contexto local estuvo atravesado por un incremento significativo de suicidios en la provincia: 22 casos en 2021 y 23 en 2022, con 12 de ellos ocurridos en Río Grande en ambos años. Este escenario agravó la preocupación social y puso en tensión la capacidad de respuesta institucional, tanto del municipio como de la provincia, dando lugar a que distintos actores sociales comenzaran a involucrarse con mayor presencia.La disertación se realizó en el marco de la defensa del trabajo de integración final de Débora Villalba, nueva Licenciada en Ciencia Política.La investigación cobra relevancia al centrarse en el rol del gobierno local y las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) frente a la problemática de la salud mental en Río Grande. El trabajo territorial y comunitario de las OSC complementó la acción estatal, especialmente en prevención, acompañamiento y fortalecimiento de factores protectores.Entre 2021 y 2024, surgieron en Río Grande las primeras OSC orientadas a abordar la problemática del suicidio. Organizaciones como "Mucho por Vivir", "Integrando Lazos", "Ni un Pibe Menos por la Droga" y "Bunker Vida" cumplieron un rol central en la visibilización del problema y en la construcción de redes de contención ante el escaso servicio de salud mental en la ciudad.El Estado, en clave de derechos, debe garantizar la protección y el bienestar de la ciudadanía. En el plano provincial, se ha adherido a la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y se han impulsado diversas iniciativas legislativas. En el ámbito local, el Concejo Deliberante de Río Grande ha sancionado distintas ordenanzas en la materia.En este marco, se propuso la siguiente pregunta problema que orientará la investigación: ¿Tienen incidencia las OSC en el desarrollo de estrategias vinculadas a la creación e implementación de políticas de prevención, promoción y asistencia del suicidio en la ciudad de Río Grande en el período 2019-2024 desde el gobierno municipal?ResultadosEl resultado de esta investigación permite afirmar que, si bien desde el Municipio se dio un paso significativo a partir de la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones, fueron las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) quienes contribuyeron a transformar y orientar esa agenda hacia un enfoque comunitario y territorial. Su intervención no solo visibilizó demandas históricamente desatendidas, sino que también operó como un actor de presión social en la dimensión política, que llevó al gobierno local a revisar y ampliar sus dispositivos institucionales El análisis normativo permite observar que Tierra del Fuego adoptó tempranamente algunos marcos nacionales mediante la Ley Provincial Nº 549 (2002), la Ley Provincial Nº 1052 (2015) y la Ley Provincial Nº 1227 (2018), que creó el Órgano de Revisión y la Comisión Provincial de Salud Mental y Adicciones, encargada de diseñar, evaluar y coordinar políticas de prevención y asistencia, articulando acciones entre organismos provinciales, nacionales y municipales.No obstante, aunque la normativa prevé la creación de un Consejo Consultivo Honorario con participación de municipios, organizaciones de usuarios, familiares y otros actores sociales, este no llegó a ponerse en funcionamiento. Para compensar esta situación, en 2022 se implementaron mesas intersectoriales como espacios de articulación. Sin embargo, persisten desigualdades territoriales y falta de recursos, lo que evidencia una brecha entre el marco normativo y su implementación efectiva en la provincia.En el ámbito local, desde 2016 se ha avanzado progresivamente en la construcción de un marco normativo e institucional orientado a la prevención del suicidio y la promoción de la salud mental. Este proceso comenzó con la adhesión del Municipio a la Ley Nacional Nº 27.130 mediante la Ordenanza Nº 3563/2016. Ese mismo año se presentó un proyecto en el Concejo Deliberante para crear una Coordinación Municipal para la Prevención del Suicidio (Asunto N° 634/2016), pero no avanzó. El asunto se volvió a presentar en el año 2019 y fue aprobado, pero luego vetado por el entonces intendente, Gustavo Melella, mediante el Decreto Nº 429/2019, lo que evidenció tensiones políticas e institucionales en torno a la consolidación de políticas permanentes sobre la temática.En la actual gestión municipal se fortaleció el abordaje institucional mediante la creación de la Dirección de Salud Mental y Adicciones dentro de la Secretaría de Salud, mediante el Decreto Municipal N° 1318/19. Posteriormente, en 2022, se creó el Consejo Municipal de Salud Mental mediante la Ordenanza Nº 4418/2022, con una composición multisectorial que permitía la participación de organizaciones sociales vinculadas a la salud mental y la prevención del suicidio. Sin embargo, pese a haber sido promulgado, dicho Consejo nunca se puso en funcionamiento, situación similar a la registrada en el ámbito provincial.De todas formas, el trabajo destaca que la articulación entre el gobierno local y las organizaciones de la sociedad civil (OSC) existe, aunque en muchos casos depende más de vínculos informales que de instancias institucionalizadas. Asimismo, se señala que el Municipio mostró una mayor apertura hacia las OSC y avanzó en políticas con perspectiva comunitaria, mientras que la articulación con el nivel provincial aparece más fragmentada.Sin embargo, la consolidación de políticas de prevención del suicidio implica garantizar recursos financieros, fortalecer la presencia territorial de los dispositivos en cada ciudad y sostener espacios de participación ciudadana que integren a las distintas OSC.Reflexión A partir de la investigación surgen hallazgos que permiten reflexionar sobre el presente y el futuro de las políticas públicas provinciales y locales en materia de prevención del suicidio: En primer lugar, si bien existen mecanismos normativos que contemplan la participación de las OSC, su eficacia depende de su implementación efectiva. Hasta el momento, estos mecanismos no funcionan como dispositivos participativos, ya que tanto la normativa provincial como la local se han aplicado de manera parcial e informal, y sin la puesta en marcha de los instrumentos e instancias institucionales previstos para garantizar la participación plena. En segundo lugar, resulta fundamental consolidar el rol de las OSC. Para ello, se propone trabajar sobre capacitaciones en marcos normativos, de manera que puedan comprender y ejercer plenamente los derechos y obligaciones establecidos por la legislación local, provincial y nacional. Las OSC han demostrado una notable capacidad tanto para acompañar a la comunidad, lo que refuerza la importancia de fortalecer sus competencias. Finalmente, la articulación entre provincia y municipio continúa siendo un desafío. La puesta en marcha del nuevo Centro Integral Provincial debería ser una oportunidad para construir circuitos articulados de derivación, protocolos conjuntos y un abordaje coordinado. El camino recorrido entre 2019 y 2024 muestra avances importantes, pero también señala que la sostenibilidad de la política de salud mental y prevención del suicidio dependerá de los acuerdos políticos. La normativa provincial y local aportan herramientas valiosas, pero su potencial dependerá de que los mecanismos institucionales se pongan en funcionamiento.

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