"Son cerca de 600 las viviendas en TDF a las que se les da un uso distinto al unifamiliar", aseveró Lorenza

El vicepresidente del Instituto Provincial de Vivienda y Hábitat (IPVyH), José Lorenza, habló sobre un proyecto de ley que fue presentado por la institución en la Legislatura, el cual consiste en que se pueda realizar una regulación del uso que se les está dando a las viviendas de todos aquellos adjudicados o no que continúan abonando las cuotas y donde existan irregularidades,se procedera al uso de acciones legales, como puede ser la desadjudicación del bien. Mediante una comunicación que mantuvo con FM Radio Nacional, José Lorenza explicó de que se trata el proyecto de ley que presentó el IPVyH “este proyecto se ha aplicado con anterioridad, por el 2013 y cada cierto a cierto tiempo, se tiende a hacer este tipo de regulaciones domínales, por el hecho de determinadas irregularidades que se van denunciando o se van percibiendo, con respecto a viviendas no canceladas y el destino no es para la vivienda unifamiliar, sino que las están alquilando en forma permanente o ponen alquilar en forma temporal, o por distintas circunstancias se ha hecho una venta que no está dentro de la órbita del instituto, y con este tipo de proyectos de ley, se tiende a regularizar estas situaciones o blanquear un poco la situación que se da en el contexto cotidiano de la necesidad de cada una de las personas”. En esa línea, el vicepresidente del IPVyH enfatizó en la importancia y porque es factible dicho proyecto “herramientas hay, existen reglamentarias, existen disposiciones que se sacan por parte de las autoridades, lo que pasa es que la fuerza tiene una ley que no es la misma que pueda llegar a tener una reglamentación interna del instituto. Esencialmente planteado ante el caso que se haya que hacer algún tipo de denuncia o presentación judicial para recuperar un inmueble que esté en una situación irregular, la fuerza de la ley ante el juez no es la misma que puede darse por medio de la reglamentaria”, remarcó. Por tal motivo, hizo hincapié en un número aproximado de viviendas que se encuentran en falta debido al uso o destino que se les está dando “tenemos aproximadamente una información de entre aproximadamente unas 600 viviendas en toda la provincia, lo cual nos conlleva que por ahí el número pueda ser mayor”, añadiendo que “en la página web está habilitada la posibilidad de que los vecinos mismos puedan hacer denuncias, lo que por ahí pedimos que cuando se haga la denuncia sea específico del inmueble del cual se está denunciando para nosotros poder ir y hacer la las visitas y el cotejo que tengan relación con la denuncia que están haciendo”. Dado a este gran número de usos irregulares que se les esta dando a las viviendas con destino unifamiliar, Lorenza indicó cuales son las acciones que se llevan adelante desde el instituto “para ver cuál es la situación, primero debemos corroborarlo efectivamente y de corresponder hacer la denuncia ante la justicia ya que, le dan un uso distinto que es el espíritu del instituto, que es dar una solución habitacional”. En este punto, detalló que tipo de casos existen en torno al destino de las viviendas “Es muy muy variado, tenemos compraventas que el instituto no intervino y nunca tomó conocimiento, por ende, lo consideramos que es irregular. Siempre estamos hablando de viviendas que no están canceladas. Porque una vivienda cancelada ya sale de la órbita del instituto. También hay gente que ha hecho compraventas irregulares porque se tuvo que ir de la provincia y bueno decidió que el instituto no tenga intervención. Esencialmente ahí pasa por una cuestión de quién es el adquirente, bajo qué características está adquiriendo, si tiene realmente la necesidad o es una persona que especula inmobiliariamente y tiene cuatro o cinco viviendas alquiladas y el uso que le dan no es el que el objetivo a cumplir por parte del instituto”, advirtió. Entonces, explicó como interviene el IPVyH en este tipo de situación “a los casos hay que analizarlos, las distintas áreas del instituto analizan y se determina qué es lo que se hace o se busca recuperar ya sea por vía judicial o intimando previamente administrativamente, intimando al ocupante o si se si reúne determinados requisitos la persona que esté o que compró o que está alquilando permanente se puede llegar a regularizar la situación”. De igual forma, aclaró que la intención del instituto no es dejar a las personas en la calle, si no que “el instituto va a tener que reunir determinadas condiciones, determinados requisitos lógicamente, lo que tenemos que poder determinar a ciencia cierta, es la especulación inmobiliaria, el destino si lo compró para alquilarlo, lo que tenemos que evitar porque si no así nos desvirtuamos del objetivo del instituto, que es sanear la demanda habitacional existente en la provincia. No es la intención de que nadie quede en la calle, se atiende cada caso en particular, si lo que no, si hay que hacerlo por vía de excepción, se analizará, pero el objetivo es siempre respetar cuáles son las condiciones que se establecen en el instituto para poder ser adjudicatario”. A su vez, José Lorenza puntualizó en qué tipo de bienes son los que les pertenece o forman parte del IPVyH y las tareas que se vienen llevando adelante para controlarlos “se están llevando adelante varias acciones que están pretendiendo disminuir la demanda o blanquear la demanda y dar soluciones habitacionales. Con respecto a los terrenos, se está empezando a ver realmente si se cumplió el objetivo de cuando se entregó o el terreno o el crédito para construcción, o bien hay convenios de ocupación, también se analizan y estamos viendo esas situaciones”. “Los convenios de ocupación se dan generalmente cuando al momento que se tuvo que quedar adjudicado por algún motivo no cumplía algún tipo de requisito y le faltaba algún requisito a cumplir, lo que se hace es un convenio de ocupación hasta tanto cumple el requisito de esa persona. También se está haciendo un relevamiento y un chequeo de cuál es la situación. Si en la temporalidad no cumplió ese requisito, analizar por qué no cumplió, cuál es la conducta de pago, qué es lo que viene haciendo con el inmueble o el terreno. A efecto de poder blanquear una situación y poder ver si cumple con el objetivo de satisfacer la demanda habitacional, no habría ningún tipo de inconveniente. Ahora, si está desvirtuado ese objetivo, ahí se va a analizar y se va a ver cuáles son los pasos a seguir”. Por lo que, apuntó en la forma en la que impactará la aprobación de este proyecto y sus penalidades “es una herramienta más, tenemos la cancelación anticipada, sacamos este proyecto, mandamos este proyecto de ley a tratar por legislatura de la regularización dominal, ya hemos tenido charlas con la Municipalidad de Ushuaia de ver las alternativas de empezar a trabajar en conjunto en lo sucesivo, los equipos técnicos ya han tenido reuniones y estamos en aras de empezar a generar algún otro tipo de herramientas para tender a descomprimir esta situación habitacional existente ya que, si se detecta alguna irregularidad, no podrá inscribirse en el IPVyH o en la Municipalidad”. “De hecho, quien ya fue adjudicatario del Instituto ya se ve impedido de poder ser nuevo adjudicatario del Instituto e incluso en la Municipalidad de Ushuaia, porque el Estado ya brindó una solución oportunamente, está dentro de las normativas ese impedimento. Otra penalidad es quien cometió una irregularidad y está pagando cuotas, desadjudicárselo. El valor abonado, no es considerado una nueva adjudicación que se vaya a hacer. Lo pierde, hablando de situaciones donde se detecten y se comprueben efectivamente irregularidades”, cerró el vicepresidente del IPVyH.