“Si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención”: la dura carta abierta de trabajadores del Puerto de Ushuaia

En una carta abierta dirigida a agencias marítimas, operadores turísticos, comerciantes y sectores económicos de Ushuaia, trabajadores de la DPP denunciaron “vaciamiento institucional”, cuestionaron el manejo de los fondos del puerto y advirtieron que “la temporada 2026/2027 ya no puede darse por asegurada”.

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“Si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención”: la dura carta abierta de trabajadores del Puerto de Ushuaia
Trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) difundieron una carta abierta pública en la que expusieron con dureza el conflicto que atraviesa el Puerto de Ushuaia desde la intervención instaurada por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn) a principios de año, cuestionaron la intervención del organismo y advirtieron sobre posibles consecuencias económicas y operativas para la próxima temporada.El documento, titulado “Puerto de Ushuaia – Temporada 2026/27 en alerta”, está dirigido “a la comunidad portuaria, a las agencias marítimas, empresas navieras, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, sector hotelero, operadores logísticos y a toda la comunidad de Ushuaia”.Ese punto aparece como uno de los aspectos más relevantes de la carta: los trabajadores ya no le hablan solamente al Gobierno o al ámbito gremial, sino directamente a todos los sectores económicos y sociales vinculados al funcionamiento del puerto.“Los trabajadores de la Dirección Provincial de Puertos nos dirigimos a ustedes en un momento de profunda preocupación institucional, social y económica, que atraviesa uno de los principales motores de nuestra provincia: el Puerto de Ushuaia”, señalaron.A lo largo del documento, los trabajadores mezclan definiciones institucionales, denuncias políticas y un fuerte planteo humano sobre el impacto personal que —aseguran— atraviesan desde el inicio del conflicto.“Más de 140 trabajadores hemos quedado en un estado de incertidumbre absoluta, junto a nuestras familias, viendo vulnerado no solo nuestro derecho al trabajo, sino también el normal desarrollo de una actividad que resulta estratégica para toda la provincia”, sostienen.En ese marco, remarcan que durante la última temporada buscaron evitar que los conflictos afectaran el funcionamiento operativo del puerto y el desarrollo de la actividad turística. “A pesar de ello, y con un alto sentido de responsabilidad, llevamos adelante medidas de acción directa mínimas y controladas, exclusivamente en defensa de nuestros derechos, procurando en todo momento no afectar la temporada de cruceros 2025/2026”, expresaron. “El compromiso se cumplió”, agregan inmediatamente después.Sin embargo, la carta deja una advertencia concreta sobre el futuro inmediato del puerto y de la próxima temporada turística. “Es necesario ser claros: en el contexto actual, las garantías para la temporada 2026/2027 ya no pueden darse por aseguradas”, afirman.Uno de los ejes centrales del documento está relacionado con el manejo económico y administrativo de la intervención. Allí los trabajadores sostienen que “la intervención no solo generó incertidumbre institucional: también está generando un grave perjuicio económico directo”.“Los fondos que ingresan por la explotación del puerto —que deberían permanecer en la provincia, tal como lo establece el Convenio Nación-Provincia— están siendo desviados a una cuenta del Banco de la Nación Argentina, respecto de la cual no existe claridad sobre quién la controla ni qué organismo la audita”, denuncian.Además, advierten que esa situación “pone en riesgo directo el pago de nuestros salarios y el cumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo”, impactando “de manera inmediata en nuestras condiciones de vida y en las de nuestras familias”.La carta también escala el tono político del conflicto y apunta directamente contra actores vinculados a la intervención. Los trabajadores sostienen que “la actual conducción de la intervención deja además en evidencia su claro carácter político”.En ese contexto mencionan a Fernando Ariel Polizri, ahora integrante de la estructura interventora de la ANPYN y “dirigente identificado públicamente con el senador Agustín Coto”.Además, hablan de una intervención “perpetrada por la vieja ‘casta’ mafiosa de la Administración General de Puertos (AGP)” y nombran a Cristian Riguiero, Carlos Sposaro, Diego Salom y Leonardo Salom, a quienes vinculan con “hechos de corrupción y manejos irregulares dentro del sistema portuario”.Otro de los puntos centrales del documento apunta a los fundamentos que dieron origen a la intervención. Allí sostienen que “han perdido sustento con el correr de los hechos”, mencionando entre otros aspectos la aparición del “Certificado de Puerto Seguro vigente hasta el año 2029”, que habilita a la terminal a operar con buques de pasajeros, pesqueros y contenedores.También hacen referencia al “Certificado de Protección Ambiental con aprobación satisfactoria” y a la derogación del artículo de la Ley 1596 vinculado al financiamiento de OSEF con recursos portuarios, un hecho que ocurrió en la última sesión de la Legislatura a pedido de los propios trabajadores.Hacia el final, la carta deja una definición política y simbólica que atraviesa todo el documento: “El Puerto de Ushuaia pertenece a la Provincia de Tierra del Fuego y debe ser administrado por la propia provincia”. Los trabajadores sostienen que “sí importa quién lo maneja, quién administra sus recursos y quién toma decisiones sobre un activo estratégico para todos los fueguinos”.El cierre del texto es el tramo más duro y el que refleja con mayor claridad el nivel de confrontación alcanzado dentro del conflicto. “Si esta situación persiste, el conflicto inevitablemente se profundizará”, advierten.Y concluyen: “Porque una cosa debe quedar clara: si no hay paz para los trabajadores y sus familias, tampoco habrá paz para la intervención. Y el Puerto de Ushuaia, tal como lo conocemos, dejará de ser una garantía de funcionamiento”.

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