Pescadores artesanales amenazados por estancieros fueron convocados por el GobiernoDenuncia por “amenazas” contra pescadores artesanales salpica a un legislador fueguinoPescadores artesanales denuncian amenazas de muerte en la estancia de un legislador fueguino

Un grupo de pescadores artesanales de Ushuaia, Tolhuin y Río Grande mantuvieron un encuentro con la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, en el que junto a funcionarios del área se analizó la problemática que involucra denuncias de amenazas de muerte y el bloque de acceso al mar por parte de estancieros.De hecho, tal como publicó Crítica Sur días atrás, se radicó una presentación formal en la Comisaría de Tolhuin por parte de un pescador de esa localidad sobre ‘persecución y aprietes’ contra el responsable de la estancia ‘La Fueguina’, que es propiedad del actual legislador Jorge Lechman.Los pescadores denuncian que los estancieros llevan adelante un bloqueo de accesos costeros, además de amenazar a quienes se dedican a esta actividad.La situación representa una clara violación de la Ley Provincial 244 que garantiza pasos de servidumbre hacia la costa, aunque los pescadores aseguran que la Justicia ni el Gobierno parecen interesados en revertir este incumplimiento de la normativa.En un artículo publicado por el diario Prensa, el pescador Orlando Genes denunció en la reunión que estancieros de propiedades como La Fueguina, La Pirinaica y María Luisa han instalado alambrados, cavado zanjas y restringido el acceso a zonas costeras esenciales para su actividad.“Esto no solo afecta nuestro trabajo, sino que también viola una ley que garantiza el libre tránsito en la costa. Llevamos años reclamando, pero la situación sigue igual”, explicó.Durante el encuentro, los funcionarios provinciales manifestaron que estaban “trabajando en soluciones”. Se comprometieron a inspeccionar las zonas afectadas, dialogar con los propietarios de las estancias y proponer medidas, como la creación de refugios específicos para los pescadores. Sin embargo, estas propuestas no disiparon la desconfianza del sector: “Nos pidieron que esperemos hasta mediados de enero para ver cómo avanzan las gestiones. Mientras tanto, los estancieros siguen cerrando accesos y colocando nuevos alambrados, como sucedió en La Fueguina. Esta falta de acción concreta genera frustración porque ya hemos escuchado promesas similares en gobiernos anteriores”, señalaron.La actividad de estos pescadores se centra en la captura de róbalo, pejerrey, salmón, pez gallo, palometa y cazón, especies que venden a particulares, restaurantes y hoteles en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin. “Todo lo hacemos en regla: declaramos nuestras redes y pagamos permisos que este año costaron unos 100 mil pesos ante Recursos Naturales”, recalcaron.Según los pescadores, el problema que enfrentan no solo implica la imposibilidad de acceder al mar sino también a las amenazas, daños a sus herramientas de trabajo y vehículos, que atribuyen a los estancieros y que los viene damnificando.“Los funcionarios se desligaron de la responsabilidad sobre los ataques y nos aconsejaron realizar denuncias policiales. Valoramos el diálogo, pero necesitamos soluciones concretas. No estamos pidiendo más que el derecho a trabajar dignamente”, agregaron.Y agregaron: “La ley es clara: no se puede alambrar a menos de 50 metros de la marea más alta. Sin embargo, los estancieros no respetan esto. En el caso de la estancia La Fueguina, del legislador Jorge Lechman, colocaron postes y alambrados desde el puente del Río Láinez hasta el mar, obstruyendo completamente el acceso”, explicó Genes.El reclamo también involucra a los propietarios de las estancias La Pirinaica, la familia Sevillano y María Luisa, de Eddie Vargas, quienes habrían implementado medidas similares en sus terrenos. Estas acciones, según los pescadores, contravienen el artículo 19 de la Ley 244, que garantiza corredores públicos en las costas para el tránsito“La gente de Gobierno nos prometió que dialogarían con los estancieros y que mediarían para llevar a cabo un contrato. Nos dijeron que inspectores de Recursos Naturales fueron a la zona para constatar la situación y que también la gente de AREF iba a hacer una recorrida. Nos aseguraron que el Gobernador estaba al tanto del conflicto y que nos manifestaba su apoyo”, señalaron.Los pescadores adelantaron que mantendrán su reclamo visible “pese a que los funcionarios de Gobierno nos pidieron que terminemos con el raid mediático” y que continuarán organizados para exigir el respeto a sus derechos. Aunque valoran haber sido escuchados, insisten en que el cumplimiento de la ley es fundamental para garantizar su actividad y seguridad.