La ministra de Trabajo provincial, Sonia Castiglione, cuestionó el pedido de quiebra presentado por la empresa Aires del Sur en Río Grande, que no acató la conciliación obligatoria ni se presentó a las audiencias previas al conflicto para resolver la falta de pago de salarios.
“Lo vivimos con tremenda preocupación por la actitud de la empresa fundamentalmente”, admitió la funcionaria en diálogo con FM La Isla de Río Grande, recordando que “cuando comenzó el conflicto y los trabajadores informaron que habían cobrado solo el 25% de los salarios de enero, sumado a una deuda de un premio por productividad, inmediatamente el Ministerio convocó a una audiencia”.
“A esa primera audiencia le siguieron otras cuatro más, pero la empresa solo presentó escritos de parte de su representante legal en Río Grande, el Dr. Pablo Löffler, informando que iban a llevar un plan de acción a la Justicia para el pago de salarios, algo muy raro a lo que la Justicia no hizo lugar”, repasó.
Castiglione lamentó el accionar de la empresa y no descartó que se trata de una maniobra para evadir con sus responsabilidades y compromisos en el pago de salarios a más de 100 trabajadores. “Cuando dicen que no pueden cumplir me están diciendo que no se pueden sentar a dialogar o no pueden dejar de despedir gente”, reprochó.
Asimismo, la funcionaria mencionó que la empresa informó que mantiene conversaciones con un grupo inversor chino para continuar con su producción en Río Grande, aunque resulta difícil comprobar la veracidad de esa información.
Para Castiglione “es muy complejo” llevar adelante un diálogo en el Ministerio de Trabajo con una empresa cuyos directivos “desconocemos quiénes son” y cuyo representante legal no tiene poder de decisión alguno. “Las herramientas comienzan a ser limitadas para el Ministerio de Trabajo y quien puede actuar con más determinación es la justicia laboral”, reconoció.
Consultada si las maniobras de la empresa podrían considerarse un “modus operandi” para eludir el pago de salarios de los trabajadores, Castiglione admitió que “es probable que estén tratando de dilatar algunos plazos”.
La funcionaria no descartó que los pasos que viene dando la empresa apunten al cierre o vaciamiento de la empresa. “Es real que esto ya lo hemos visto en los años 90, en la época entre 2015 y 2019, y básicamente es la forma que tienen algunas empresas de cerrar sus puertas y dejar a la gente librada a su suerte”.
“Ante todas estas situaciones, como Provincia siempre hemos tenido diálogo con las empresas, los grupos empresarios y los CEOS para tratar de acompañar o ver si hay algún tipo de solución, pero el problema ahora es que no tenemos contacto con ninguno de los directivos”, señaló.
“Los trabajadores toman las plantas para resguardar los bienes ante el temor de maniobras de desmantelamiento, como pasó en su momento con las empresas Textil Río Grande o Digital Fueguina, y como una forma de asegurarse que se les pague lo que les deben”, afirmó.
Por último, Castiglione aseguró que desde el Ministerio de Trabajo continuarán insistiendo en que la empresa acate la conciliación obligatoria “por lo que se los va a seguir citando a audiencias”.
