La Diputada presentó la solicitud al juez Ariel Lijo, basada en la doctrina “Irurzun”. En ese sentido, lo acusa de haber contactado a un testigo clave, el arquitecto Matías Tabar, antes de que declarara bajo juramento.
La llamada “doctrina Irurzun”, es una figura jurisprudencial que habilita el dictado de prisión preventiva contra funcionarios en ejercicio cuando, por su poder o influencia, existe riesgo concreto de entorpecimiento de la investigación.
En su escrito Pagano sostiene que existiría un "riesgo procesal de entorpecimiento de la investigación grave, actual e inminente". La acusación afirma que el funcionario habría contactado al testigo Matías Tabar apenas antes de que declarara bajo juramento. En ese intercambio le habría ofrecido "ayuda" y el contacto de su "equipo".
Además, la presentación señala que también se habría intentado borrar mensajes de WhatsApp intercambiados con un contratista.
Pagano pidió aplicar la "doctrina Irurzun", un criterio judicial que contempla el peso de los vínculos de poder de un funcionario en ejercicio. El escrito cita el antecedente del voto del doctor Martín Irurzun en la causa contra Julio Miguel De Vido en 2017.
Como alternativa a la detención, Pagano solicitó restricciones estrictas: prohibición de contacto con testigos, retención del pasaporte, caución económica y preservación de comunicaciones.
La presentación también incluyó un pedido de ampliación de la imputación y la producción de pruebas, entre ellas el peritaje del celular del testigo para recuperar los mensajes eliminados.
