La iniciativa, impulsada por trabajadores de medios con posiciones editoriales y trayectorias diversas, advierte que eliminar esa normativa implicaría un retroceso para la libertad de expresión, el derecho a la información y la calidad democrática.
Los firmantes sostienen que cualquier cambio en las reglas laborales del sector debe discutirse con participación de quienes ejercen el periodismo y no mediante decisiones unilaterales. "El estatuto debe ser mejorado y adaptado a la realidad actual con intervención de los trabajadores", señala el documento.
La solicitada resalta que la norma vigente consagra derechos individuales, profesionales y colectivos que regulan condiciones de trabajo, estabilidad y protección frente a presiones políticas o económicas. Desde esa perspectiva, su eliminación no solo afectaría a los periodistas como trabajadores, sino también al funcionamiento del sistema informativo y, por extensión, al acceso de la sociedad a información plural y confiable.
Entre quienes suscriben el texto se encuentra Silvia Mercado, Alejandro Bercovich, Marcelo Longobardi, Hugo Alconada Mon, Jorge Rial, Reynaldo Sietecase, Alfredo Zaiat, Carlos Ulanovsky, Cynthia Ottaviano, Paulo Kablan, Miriam Lewin y Santiago O’Donnell, entre muchos otros. La diversidad de firmas fue presentada por los organizadores como una señal de transversalidad y consenso dentro del sector.
El pronunciamiento también cuestiona la velocidad del tratamiento legislativo. Según los firmantes, una derogación "apurada y a escondidas" pondría en riesgo tanto puestos de trabajo como garantías básicas para el ejercicio profesional. Por eso, reclamaron a diputados y senadores que actúen "con responsabilidad" y escuchen la voz de quienes trabajan en prensa antes de avanzar con cualquier modificación.
Finalmente sostienen que “el debilitamiento de las protecciones laborales en el periodismo puede traducirse en mayor precarización, concentración de medios y menor independencia editorial. En ese marco, convocan a abrir una discusión amplia, democrática y participativa que permita actualizar el estatuto sin suprimir derechos históricos”.
