De ser cierta, implicaría tirar por la borda sesenta años de construcción jurídica, diplomática y política de la República Argentina, cuyo hito central es la Resolución 2065 (XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esa resolución, adoptada el 16 de diciembre de 1965 —fecha que acabamos de conmemorar— fue el resultado de un alegato decisivo del entonces embajador argentino José María Ruda, que logró imponer un criterio medular: el respeto de los intereses de la población de las islas, y no sus deseos, como pretendía el Reino Unido para forzar la aplicación del principio de libre determinación.
La diferencia no es semántica; es jurídica y sustantiva. La comunidad internacional reconoció la existencia de una disputa de soberanía entre la Argentina y el Reino Unido y encuadró a la Cuestión Malvinas dentro del proceso de descolonización como “uno de los casos de colonialismo”, con una solución que debe alcanzarse por la vía de la solución de la controversia, instando a las negociaciones entre Estados y teniendo en cuenta los intereses de los habitantes, pero sin trasladarles una titularidad soberana que no les corresponde.
Aceptar hoy la noción de los “deseos de los isleños” no sólo contradice la histórica posición argentina sostenida de manera ininterrumpida por gobiernos de distinto signo y color político, sino que además vulneraría nuestra Constitución Nacional. La Disposición Transitoria Primera consagra el reclamo de soberanía sobre las islas y establece que su recuperación debe realizarse respetando el modo de vida de sus habitantes y conforme al derecho internacional. No hay allí —ni puede haber— reconocimiento alguno de un pretendido derecho de libre determinación de una población implantada como consecuencia de un acto colonial de fuerza ocurrido en 1833. Sostener lo contrario implicaría, además, configurar una causal de extrema gravedad institucional, con eventuales responsabilidades políticas.
Por eso, desde Tierra del Fuego optamos por darle el beneficio de la duda en que el Presidente de la Nación no haya pronunciado esas palabras en los términos en que se le atribuyen. Precisamente por esa confianza es que resulta urgente una rectificación y aclaración oficial por parte del Gobierno nacional.
No se trata de una cuestión menor ni de una cuestión académica. Es fundamental recordar que para el derecho internacional, los dichos públicos de un Jefe de Estado o de un Ministro de Relaciones Exteriores obligan al Estado que representan en la orbita internacional. La historia ofrece ejemplos elocuentes. La conocida “Declaración Ihlen”, formulada por el canciller noruego Nils Claus Ihlen, fue determinante para que Noruega perdiera sus pretensiones sobre Groenlandia Oriental frente a Dinamarca. Una frase, una manifestación pública, bastó para producir efectos jurídicos internacionales irreversibles.
La Cuestión Malvinas exige prudencia, coherencia y apego estricto al derecho internacional. No admite improvisaciones ni ambigüedades. La Argentina ha logrado, con enorme esfuerzo, construir una posición sólida y ampliamente respaldada en el sistema internacional. Esa posición se apoya en la Resolución 2065 (XX), en las resoluciones posteriores de la Asamblea General y del Comité Especial de Descolonización, y en una doctrina clara respecto a las negociaciones bilaterales, poner fin del colonialismo en todas sus formas y manifestaciones y respetar los intereses —no los deseos— de la población de las islas.
Como gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, y en representación de una sociedad que vive y siente cotidianamente la Cuestión Malvinas, reafirmo nuestro compromiso indeclinable con esa política de Estado. Esperamos, y solicitamos con suma urgencia, que el Gobierno nacional aclare de inmediato lo publicado, ratifique sin ambigüedades la posición histórica argentina y preserve nuestra posición jurídica. No hay margen para este tipo de traspiés. Se trata de una causa nacional que nos une y una responsabilidad histórica que nos obliga.
