La intervención federal del Puerto de Ushuaia, vigente desde fines de enero, volvió a quedar bajo cuestionamiento respecto de las facultades utilizadas por el Gobierno nacional para desplazar a la administración provincial y asumir el control de la terminal. Esta vez, el planteo llegó desde una mirada constitucional: según el juez del Superior Tribunal de Justicia Ernesto Löffler, la autoridad nacional tenía atribuciones para suspender o cancelar la habilitación portuaria, pero no para intervenir el puerto.
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Löffler cuestionó la legalidad de la intervención
El juez del Superior Tribunal de Justicia y profesor de Derecho Constitucional Ernesto Löffler cuestionó las facultades utilizadas por Nación para intervenir el Puerto de Ushuaia y advirtió sobre una posible “desviación de poder” y falta de competencia. También reclamó mayor iniciativa de los fiscales de Ushuaia y planteó que la Argentina debería llevar la cuestión Malvinas ante la Corte Internacional de Justicia, siguiendo el precedente del archipiélago de Chagos.
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