“La política arancelaria es facultad exclusiva del Congreso”, afirmó Löffler

En diálogo con FM Del Pueblo, el juez Ernesto Löffler brindó una mirada técnica desde el derecho constitucional sobre el decreto que podría modificar el subrégimen industrial fueguino, advirtiendo que este tipo de medidas excede las facultades del Poder Ejecutivo. “Yo soy titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Político, y a la luz de lo que disponen nuestras normas constitucionales, este tipo de medidas es claramente una facultad del Congreso. El artículo 75, inciso octavo, fija la p

Minuto Fueguino··2 minutos de lectura
“La política arancelaria es facultad exclusiva del Congreso”, afirmó Löffler
En diálogo con FM Del Pueblo, el juez Ernesto Löffler brindó una mirada técnica desde el derecho constitucional sobre el decreto que podría modificar el subrégimen industrial fueguino, advirtiendo que este tipo de medidas excede las facultades del Poder Ejecutivo. “Yo soy titular de la Cátedra de Derecho Constitucional y Político, y a la luz de lo que disponen nuestras normas constitucionales, este tipo de medidas es claramente una facultad del Congreso. El artículo 75, inciso octavo, fija la política arancelaria en la República Argentina”, explicó. Löffler recordó que la reforma constitucional de 1994 fue categórica al respecto: “Se dictó un artículo, el 76, que prohíbe la delegación legislativa. Si la Constitución fija la competencia en un órgano, ese órgano no puede delegar en el Ejecutivo el diseño de políticas públicas vinculadas al arancelamiento de bienes”. En ese sentido, cuestionó la validez del artículo 32 de la Ley 19.640, que habilitó al Poder Ejecutivo a modificar posiciones arancelarias y excluir actividades del subrégimen, como ocurrió con el Decreto 721. “Ese artículo fue declarado inconstitucional por el juez federal Federico Calvete. Para mí, el 721 también es inconstitucional, porque la modificación debería haberla hecho el Congreso”. También recordó antecedentes jurisprudenciales: “Hay un fallo del juez Vázquez, por un caso de contrabando en Bahía Blanca, donde se reconoce claramente que la Ley 19.640 es una de las que la Constitución identifica como normas de progreso, regladas por el artículo 75, incisos 18 y 19. Toda iniciativa para modificar una norma de progreso debe tener como Cámara de inicio el Senado”. Finalmente, recalcó que no sólo no se puede delegar esta materia, sino que la Constitución estableció que toda legislación delegada vigente al momento de la reforma debía caducar en cinco años: “Eso fue en 1999. Muchas de esas normas ya no tienen valor jurídico conforme a nuestra Constitución”. Löffler fue claro al cerrar su análisis: “No puedo intervenir en esta cuestión porque es materia federal. Pero quiero lo mejor para mi provincia. Vivo y me voy a morir en Tierra del Fuego”.

Últimas noticias