La ley de salmoneras llega al Superior Tribunal en medio de fuertes cuestionamientos

La Ley N° 1.601, sancionada en diciembre de 2025 para regular la actividad acuícola en Tierra del Fuego, quedó ahora bajo la lupa judicial luego de que se presentara una acción ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare su inconstitucionalidad. La normativa establece un marco regulatorio para la acuicultura y la mitilicultura en la provincia. Entre sus puntos centrales, prohíbe la salmonicultura en el Canal Beagle, lagos y ríos, con el objetivo de preservar ecosistemas sen

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La ley de salmoneras llega al Superior Tribunal en medio de fuertes cuestionamientos
La Ley N° 1.601, sancionada en diciembre de 2025 para regular la actividad acuícola en Tierra del Fuego, quedó ahora bajo la lupa judicial luego de que se presentara una acción ante el Superior Tribunal de Justicia solicitando que se declare su inconstitucionalidad. La normativa establece un marco regulatorio para la acuicultura y la mitilicultura en la provincia. Entre sus puntos centrales, prohíbe la salmonicultura en el Canal Beagle, lagos y ríos, con el objetivo de preservar ecosistemas sensibles, pero habilita su desarrollo en la costa atlántica y el sudeste de la Península Mitre. Además, la ley promueve la diversificación productiva y el desarrollo tecnológico, impulsando especialmente el cultivo de especies nativas o naturalizadas y el uso de sistemas de recirculación de agua, considerados menos invasivos desde el punto de vista ambiental. Cuestionamientos por el procedimiento legislativo Según se detalla en la acción, el eje del cuestionamiento está en la reunión conjunta de las comisiones que analizaron el proyecto en agosto de 2025. En ese contexto, se habría dispuesto un cuarto intermedio para continuar el debate en otra instancia. Sin embargo, esa misma noche se retomó la reunión con una cantidad reducida de integrantes, lo que derivó en la firma de un dictamen con un número de legisladores inferior al quórum exigido por el reglamento interno. De acuerdo a la presentación, el dictamen que permitió que el proyecto llegara al recinto fue firmado por cuatro legisladores, cuando el mínimo requerido para ese tipo de plenarios era significativamente mayor. La intervención del Superior Tribunal Por el momento, la normativa continúa vigente y en plena aplicación, mientras se abre un nuevo capítulo judicial que podría tener impacto tanto en el desarrollo productivo como en la seguridad jurídica en la provincia. La resolución que adopte la Justicia será clave para determinar si el proceso legislativo cumplió con las reglas institucionales o si, por el contrario, existieron vicios que comprometen la validez de la norma.

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