Con la publicación del decreto reglamentario, el Régimen de Declaración Jurada Simplificada entra formalmente en vigencia.
La norma, que modifica el Régimen Penal Tributario y el Código Civil y Comercial, apunta a un relajamiento de los controles patrimoniales a cambio de un cumplimiento estricto de la facturación declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
La ley crea el “Régimen simplificado de Ganancias”, diseñado para contribuyentes con un tope patrimonial de hasta $10.000 millones.
Quienes adhieran no estarán sujetos a fiscalizaciones sobre sus variaciones patrimoniales ni sobre sus consumos.
ARCA solo cobrará Ganancias sobre los ingresos facturados. El crecimiento de los bienes personales o los gastos realizados no serán controlados ni podrán ser utilizados como base para presunciones de evasión.
Según el artículo 39, el pago en término de la declaración propuesta por ARCA libera al contribuyente de cualquier reclamo posterior, salvo que se demuestre la omisión de ingresos facturados.
La ley introduce nuevos pisos de punibilidad y plazos, una actualización drástica en los montos para que un incumplimiento sea considerado delito penal, elevando los umbrales de evasión:
Evasión Simple: de $1.500.000 a $100.000.000
Evasión Agravada: de $15.000.000 a $1.000.000.000
Prescripción: de 5 años a 3 años.
Extinción de la acción penal y multas
La reglamentación también detalla los mecanismos para que los contribuyentes regularicen deudas pendientes sin enfrentar causas criminales:
Cancelación única: ARCA no iniciará acciones penales si se cancela la deuda e intereses (beneficio aplicable una sola vez).
Adicional del 50%: Si la denuncia no fue radicada, el contribuyente puede extinguir la acción pagando la deuda más un recargo del 50% dentro de los 30 días de la notificación.
Multas por plazos: Como contrapartida al relajamiento de controles, aumentarán considerablemente las sanciones económicas para quienes presenten sus declaraciones fuera de término.
Con esta reglamentación, el Ejecutivo busca acelerar la exteriorización de activos, al blanqueo para fortalecer las reservas y dinamizar la inversión privada, garantizando que el origen de los fondos no será objeto de persecución fiscal.
