En ese sentido, responsabilizó a la jueza electoral Mariel Zanini, de sembrar “incertidumbre artificial” y “trabar deliberadamente” el proceso constituyente convocado para 2026. Canals expresó la “profunda preocupación del Ejecutivo” por una decisión judicial que, según dijo, “carece de fundamentos sólidos” y amenaza con retrasar una elección ya convocada por decreto del gobernador.
“Esto no es un capricho del Ejecutivo. Hay un decreto legítimo, hay una ley sancionada que sigue todos los pasos constitucionales, hay una sentencia firme desde octubre del año pasado, enfatizó el funcionario.
Canals fue contundente al referirse al recurso de queja que aún tramita en la Corte Suprema: “Que la jueza nos venga con que hay un recurso pendiente es una excusa sinfundamentos. En lo civil, la queja no suspende nada. Eso lo sabe cualquier abogado recién recibido. La sentencia que habilita el proceso está firme desde el 16 de octubre de 2025. No hay vuelta que darle”.
El Jefe de Gabinete también arremetió contra la mención que hizo la magistrada sobre una ley aprobada por la Legislatura que aún no fue promulgada ni vetada. “Una ley que no está promulgada no es ley. No puede basarse en un proyecto aprobado que todavía está en período de publicación o veto y usarlo como excusa para frenar un proceso electoral. Eso no es prudencia institucional, eso es activismo judicial mal entendido”, sentenció.
Para Canals, la actitud de Zanini “no es ingenua” sino que responde a una “lógica obstructiva” que pone en riesgo todo el andamiaje democrático. “La jueza no tiene ninguna presentación de ningún partido político pidiéndole que se detenga. Actuó de oficio. O sea, ella fue a la Corte a investigar, ella leyó los diarios, y con eso armó un despacho que lo único que hace es meter al Ministerio Público Fiscal como un escudo para no definirse”, aseguró.
Consultado sobre las acciones a seguir, Canals precisó: “Vamos a defender el decreto del gobernador. No vamos a permitir que una jueza, con argumentos que no existen jurídicamente, paralice la voluntad popular. El Ejecutivo está evaluando todas las herramientas institucionales, políticas y judiciales para que se respete el cronograma.
“La democracia no se construye con jueces que le tienen miedo a su propia firma. La democracia se construye con certezas, con plazos y con respeto a las instituciones. Lo que hizo la jueza Zanini es un acto de irresponsabilidad institucional. Y si no lo corrige, que se haga cargo de las consecuencias políticas de retrasar la Constitución que los fueguinos nos merecemos” concluyó.
