En la carta, los especialistas advierten que los ambientes periglaciales son uno de los componentes más críticos del sistema hidrológico. En este sentido, señalan que, de aprobarse la reforma, podría ponerse en riesgo el acceso al agua potable para más de 7 millones de personas, así como provocar la pérdida de reservas de agua, aumentar la vulnerabilidad de las cuencas frente a sequías prolongadas, afectar los caudales de los cursos de agua y reducir la resiliencia hídrica en regiones que ya atraviesan crisis de agua.
La Ley N.º 26.639, Ley de Glaciares de la Argentina, “Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, fue la primera de su tipo a nivel mundial. En la carta, los especialistas explican que “la Ley de Glaciares reconoce el carácter estratégico de los glaciares y del ambiente periglacial y establece un estándar uniforme de protección ambiental en todo el territorio argentino”.
La reforma de esta ley intenta transferir la facultad de decidir si un área glaciar debe ser protegida o no a la jurisdicción donde se encuentra el glaciar, en lugar de mantenerla en el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). El objetivo de la reforma es habilitar el acceso a más áreas glaciares para la actividad minera, específicamente para la extracción de litio destinado a la producción de baterías. “Esto reemplazaría una metodología científica por decisiones basadas en oportunidades económicas y políticas”, agregan los expertos.
La reforma ya cuenta con media sanción del Senado y actualmente se encuentra en la Cámara de Diputados.
