KMG pagó $254 millones y evitó el juicio por la causa de la “basura tecnológica”

La causa por la presunta importación de “basura tecnológica” que involucraba a la empresa KMG Fueguina y a sus directivos terminó sin juicio oral.Los acusados abonaron en conjunto $254 millones como parte de una salida alternativa acordada en el expediente y, una vez acreditado el pago, la Justicia Federal declaró extinguida la acción penal y dictó sus sobreseimientos.De esta manera, quedó cerrada una investigación que había comenzado en 2022 y que, en julio del año pasado, había sido elevada al Tribunal Oral Federal de Ushuaia para la realización del juicio.El expediente involucraba a KMG Fueguina como persona jurídica; a sus directivos Mario Norberto Witomski y Juan Marcelo Zunino; a la despachante de Aduana Cinthia Giandoménico; y a Daniel Osvaldo Mollica, socio gerente de Ingeniería 65 SRL, firma radicada en Ushuaia que habría intervenido en una de las operaciones. De un juicio por contrabando a un acuerdo económicoLos imputados habían llegado a la instancia de juicio acusados de contrabando agravado, pero el debate oral finalmente no se realizó.El pago de los $254 millones permitió cerrar anticipadamente el proceso penal. Esto significa que no hubo una sentencia condenatoria, pero tampoco una absolución dictada después de un juicio en el que se debatieran las pruebas y responsabilidades.El sobreseimiento fue consecuencia de la extinción de la acción penal tras el cumplimiento del acuerdo económico alcanzado en la causa. El mecanismo no implica por sí mismo un reconocimiento de culpabilidad por parte de los acusados.La investigación se había iniciado a partir de dos operaciones detectadas por la Dirección General de Aduanas.En la primera se intentó importar mercadería declarada por USD 1.424.000, mientras que la segunda ascendía a USD 356.000. En ambos casos, los elementos fueron presentados como placas de video destinadas a procesos productivos desarrollados dentro del Área Aduanera Especial de Tierra del Fuego.Sin embargo, los especialistas que analizaron los dispositivos determinaron que carecían de funcionalidad y que su valor real no superaba el 2,5% del monto declarado.En una de las operaciones, la carga fue valuada en apenas unos USD 32.000, pese a haber sido declarada por más de USD 1,4 millones. Los materiales fueron descriptos durante la investigación como carcasas vacías, equipos obsoletos o “basura tecnológica”. La sospecha sobre el acceso al dólar oficialDe acuerdo con la acusación de la Aduana, la maniobra habría permitido utilizar una importación sobrefacturada para acceder al mercado oficial de cambios y girar divisas al exterior por un monto muy superior al valor real de la mercadería.Las placas tenían origen en China, pero eran facturadas por una empresa radicada en Delaware, Estados Unidos. La documentación también presentaba inconsistencias: algunas facturas tenían una fecha anterior a la constitución formal de la compañía extranjera que supuestamente las había emitido.En ese momento, la Aduana estimó que la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones financieras podía haber generado un beneficio de unos $300 millones para los involucrados. La intervención del organismo impidió que la operación se completara en los términos declarados.En 2022, la Justicia Federal procesó inicialmente al presidente de KMG, Mario Witomski, y a la despachante Cinthia Giandoménico. Un año después, la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia confirmó esos procesamientos.La investigación avanzó posteriormente sobre otros participantes y, el 28 de julio de 2025, fue elevada a juicio por dos presuntas maniobras de contrabando agravado mediante documentación falsa o adulterada.Sin embargo, la instancia oral no llegó a desarrollarse. Con el pago de $254 millones y los sobreseimientos, el expediente quedó cerrado sin que un tribunal determinara en un juicio si la acusación estaba probada y cuál había sido la responsabilidad penal de cada imputado.