La jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar de forma prematura una causa penal contra Javier Milei y otros funcionarios acusados de abuso de autoridad por haber habilitado vía decreto el ingreso de tropas norteamericanas al país, sin paso previo por el Congreso.
Mediante el decreto 697/2025, publicado en octubre pasado, Milei había consentido que unos 30 marines de la Guerra Especial Naval yankee (NSW, por sus siglas en inglés) llevaran a cabo ejercicios conjuntos con la Armada argentina en la base naval de Ushuaia, que se transformó en uno de los nuevos objetivos estratégicos norteamericanos en el país. Esa mirada, con eje en desplazar los intereses de China de la zona, fue remarcada públicamente por los sucesivos jefes del Comando Sur en sus distintas visitas a Tierra del Fuego.
La operación se llamó finalmente “Daga Atlántica” y levantó sospechas en la oposición por la cesión de soberanía que implicaba. Sobre todo porque el acuerdo se firmó en medio de las negociaciones de la Rosada para el salvataje de 20 mil millones de dólares de la administración Trump, que le permitió a Milei llegar con vida y ganar las elecciones de medio término.
La diputada Marcela Pagano, ex LLA, denunció a Milei por abuso de autoridad dado que la medida debió haber pasado previamente por el Congreso, lo cual es el procedimiento habitual –establecido además por la Constitución– para avanzar con ese tipo de cooperaciones. También pidió investigar qué hubo detrás de la negociación con el Departamento de Estado, por un eventual dolo.
La fiscal Paloma Ochoa había impulsado el expediente y algunas medidas de prueba, como un pedido de informes a la Cámara de Diputados, pero la jueza consideró que no había objeto legal para endilgarle al Presidente.
La jueza entendió que no había nada que investigar y mandó a cerrar el expediente con el argumento de que el Presidente tiene la facultad de tomar esa decisión vía decreto, tal como lo hizo, y que en todo caso el Congreso está en condiciones de derogarlo en la bicameral de DNU.
El principal argumento de Capuchetti en favor de Milei fue que el decreto está dentro de sus atribuciones. “El dictado de un decreto de necesidad y urgencia no constituye, por sí mismo, un acto extraño al orden constitucional ni una usurpación automática de facultades legislativas. Se trata de una competencia constitucionalmente reconocida al Presidente de la Nación“, dice el fallo.
Pagano denunció que el archivo es “prematuro” y que se ha vulnerado su derecho a representar a los ciudadanos en el debate legislativo y apeló la decisión de la jueza.
