La medida judicial tuvo lugar ayer por decisión del juez de Tolhuin José Silvio Pellegrino, quien imputó de los delitos de “abuso de autoridad”, “supresión de documento público” y de “defraudación”; al intendente Daniel Harrington, la secretaria de Gobierno Ana Paula Cejas, la secretaria General de Administración Valeria Sandoval, y el asesor legal del municipio Alexis Solís.
Todo se remite a un procedimiento de recuperación de una vivienda de calle Rupatini 560 que era propiedad del fallecido padre de Andrea Verónica González Valle, quien es la denunciante respecto a este inmueble.
El municipio intimó a esta particular respecto de lo que consideraba “obligaciones cumplidas para llegar al título de propiedad”, y se realizaron notificaciones en la vivienda que el municipio consideró “no respondidas”.
En junio de 2024 se hizo un decreto de des adjudicación del inmueble y se dieron diez días para un recurso de reconsideración en dos oportunidades. El municipio sostuvo que nadie se presentó y des adjudicó el inmueble, ante lo cual la particular se presentó como denunciante afirmando haber respondido y que esa documentación desapareció del municipio.
El inmueble había sido entregado en donación sin cargo a un centro de jubilados, pero ante la ampliación de la denuncia la medida quedó sin efecto y el municipio de Tolhuin emitió otro decreto dejando sin efecto la adjudicación, restituyendo el inmueble a la particular.
A pesar de ello el proceso penal prosiguió y ahora el juez de Tolhuin a instancia del fiscal Mayor Martín Bramatti, decidió imputar al intendente y sus funcionarios a la vez que se solicitaron diversas medidas de prueba.
