Impulsan en Diputados una investigación por presuntas irregularidades en el PAMI de Tierra del Fuego

Las denuncias por presuntas irregularidades en el funcionamiento del PAMI de Tierra del Fuego llegaron al Congreso de la Nación. El diputado Jorge Neri Araujo Hernández presentó un proyecto para crear una Subcomisión Especial Investigadora que examine cómo se autorizaron, controlaron y facturaron distintas prestaciones médicas destinadas a jubilados y pensionados de la provincia. La iniciativa quedó registrada bajo el expediente 3463-D-2026 y fue acompañada por otros trece diputados nacionales. Su objetivo es acceder a expedientes, auditorías, informes y documentación interna del organismo, además de convocar a funcionarios, exfuncionarios, profesionales, auditores y denunciantes. El planteo legislativo no apunta solamente a determinar si hubo prácticas médicas cobradas de manera irregular. También busca establecer qué hicieron las autoridades del PAMI frente a las denuncias, si se activaron los controles correspondientes y por qué, después de más de un año y medio, todavía no existe una explicación pública y completa. Prestaciones que deberán ser verificadas Entre los antecedentes mencionados aparecen cuestionamientos sobre la facturación de procedimientos de biofeedback anorrectal, una práctica especializada que requiere equipamiento y personal capacitado. Según los fundamentos del proyecto, surgieron dudas sobre la efectiva realización de algunos procedimientos y sobre la existencia de la infraestructura necesaria para brindarlos. Las observaciones también alcanzan prácticas urológicas, análisis de laboratorio, estudios diagnósticos, intervenciones quirúrgicas y estudios de fertilidad cuya indicación y documentación deberán ser verificadas mediante auditorías técnicas independientes. Una de las preguntas centrales será determinar si existió correspondencia entre las prestaciones médicas que fueron indicadas, las que el PAMI autorizó, las que efectivamente recibieron los afiliados y aquellas que finalmente fueron facturadas. Para reconstruir ese circuito, la eventual investigación parlamentaria debería revisar órdenes médicas, historias clínicas, autorizaciones electrónicas, registros administrativos y documentación respaldatoria de los prestadores. Más de un año y medio de denuncias Araujo sostuvo que el caso excede las posibles irregularidades particulares y pone en discusión el funcionamiento de los mecanismos internos de control del organismo. “Cuando durante más de un año y medio se acumulan denuncias, expedientes, pedidos de auditoría e investigaciones sin respuestas claras, el Congreso tiene la obligación institucional de intervenir”, afirmó el legislador. El proyecto también pretende reconstruir cuál fue la reacción del PAMI desde que comenzaron las presentaciones en 2025: qué auditorías se realizaron, qué conclusiones arrojaron, si se aplicaron sanciones y qué medidas se tomaron para proteger los fondos destinados a la atención de los afiliados. Araujo aclaró que la propuesta no busca reemplazar una eventual investigación judicial ni establecer responsabilidades de manera anticipada. La intención, señaló, es que la Cámara de Diputados ejerza sus facultades de control frente a denuncias que involucran recursos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables. El Congreso podría citar a funcionarios En caso de avanzar, la subcomisión tendría facultades para solicitar documentación al PAMI y convocar a las autoridades nacionales y provinciales del organismo, así como a profesionales, auditores, prestadores y personas que hayan formulado las denuncias. La presentación abre ahora una instancia política e institucional para intentar responder una pregunta que permanece pendiente: si los sistemas de auditoría del PAMI funcionaron correctamente o permitieron que se autorizaran y pagaran prestaciones cuya realización todavía está bajo sospecha.