“Este veto nos afecta y nos perjudica a todos por igual, al Municipio, a los vecinos y a los trabajadores municipales”, aseveró la funcionaria, ya que “por más buena voluntad que tengamos” si no llegan los recursos “es imposible proyectar y garantizar pagos a proveedores, la prestación de servicios, la planificación de nuevos programas, y sentarnos a una mesa salarial con números reales”.
“Esto nos vuelve a dejar en una posición de reclamo y de necesidad urgente”, advirtió, ya que “la deuda del Gobierno provincial se mantiene, al igual que la demora en el envío de los fondos”.
Además, cuestionó que el veto “no fue acompañado con la cancelación de la deuda” y que tampoco “hubo un diálogo institucional que permita ponernos de acuerdo sobre cómo salimos de esta situación financiera compleja”.
Sobre el envío de los recursos apuntó que “hay transferencias que son semanales pero lo que no podemos saber es cuándo van a llegar”, y observó que la deuda que acumula la Provincia “supera los 30 días y no se achica por más transferencias semanales que realicen”.
Consultada sobre las posibles motivaciones de las demoras y la deuda, Garay expresó que “me parece que son más políticas que técnicas, si fueran técnicas ya hubieran explicado por qué no pueden transferir ni saldar lo que deben al Municipio”.
Finalmente, planteó que “lo ideal sería tener una mesa técnica y también política para definir entre todos cómo llegamos a un equilibrio entre la Provincia y los municipios” y afirmó que “estamos dispuestos a tener una instancia de diálogo y vamos a agotar todas las instancias”, pero no obstante “si tenemos que avanzar judicialmente lo vamos a hacer”.
