En un comunicado Horacio Gallegos, Vocal Titular por el Sector de los Afiliados Pasivos de la OSEF, expresó:
Luego de tomar conocimiento del nuevo convenio firmado por el Gobierno provincial en relación con la deuda de la OSEF, y frente a la incertidumbre creciente sobre el presente y el futuro de nuestra obra social, decidí presentar formalmente por mesa de entradas notas dirigidas al Gobernador de la Provincia, al Ministro de Economía y a las señoras y señores legisladores provinciales. Esas notas, que acompañan este artículo, no responden a una reacción apresurada ni a una diferencia menor de criterio. Expresan una preocupación institucional profunda y una obligación política y humana de reclamar certezas, exigir respuestas y advertir sobre la gravedad del cuadro que atraviesan miles de afiliados y afiliadas.
Detalló que “La situación de la OSEF ya no puede describirse como una dificultad administrativa transitoria. Estamos ante una crisis estructural, económica, institucional y sanitaria que se viene agravando desde hace años y que hoy exhibe una de sus expresiones más dolorosas en la interrupción o debilitamiento de prestaciones, en la falta de previsibilidad respecto de los medicamentos, en la incertidumbre sobre la continuidad de los servicios y en la fragilidad de una obra social que debería ser garantía de protección y no motivo de angustia cotidiana”.
Lo que motivó estas presentaciones fue, precisamente, la ausencia de un horizonte claro. Si existe un nuevo convenio sobre una deuda de esta magnitud, la sociedad y, en particular, los afiliados, tienen derecho a saber cuál es la estrategia real detrás de esa decisión, qué impacto tendrá sobre la sustentabilidad de la obra social, cómo se evitará que se siga deteriorando la capacidad de pago y cuáles son las medidas concretas para restablecer servicios, medicamentos y prestaciones.
No alcanza con anunciar acuerdos si esos acuerdos no están insertos en un plan serio, verificable y orientado al saneamiento genuino de la institución. Por eso, en las notas presentadas solicité una reunión urgente y también un informe expreso, concreto y por escrito sobre el plan estratégico, financiero e institucional previsto para revertir la crisis, regularizar la cadena de pagos, recomponer las prestaciones afectadas y garantizar la sustentabilidad efectiva de la OSEF. Porque lo que hoy falta no es solamente dinero, falta dirección, falta claridad, falta responsabilidad frente a una situación que compromete derechos esenciales.
La obra social atraviesa un proceso de desfinanciamiento sostenido, ese desfinanciamiento no es un concepto abstracto, significa que recursos que debían ingresar en tiempo y forma no llegaron como correspondía, o fueron sometidos a mecanismos que, en los hechos, reducen el valor real de las acreencias y trasladan a la OSEF una carga que no le corresponde soportar. Cuando eso ocurre, la consecuencia no queda encerrada en un expediente contable, se traslada directamente a la vida concreta de las personas, se manifiesta en farmacias sin respuestas, en prestadores que restringen atención, en tratamientos que se demoran, en afiliados que no saben si van a poder sostener su cobertura, y en familias enteras atrapadas en la incertidumbre.
Es necesario decirlo con claridad, detrás de esta crisis no hay solamente números, hay personas concretas, hay jubilados, pensionados, trabajadores, pacientes crónicos, personas con discapacidad, niños, familias de ingresos medios y bajos que dependen de la obra social para acceder a medicamentos, consultas, derivaciones, estudios y tratamientos. Para esos sectores, la crisis de la OSEF no es una discusión técnica, es una experiencia material de angustia, de desprotección y, muchas veces, de riesgo. Cuando una prestación se interrumpe o se vuelve incierta, no se afecta únicamente una cobertura: se afecta la dignidad de la persona y se pone en tensión su derecho a la salud.
También señalé en las presentaciones que los vocales electos por los afiliados tenemos una capacidad de incidencia muy limitada dentro del diseño actual de funcionamiento de la institución. Esto debe decirse sin rodeos. La autarquía de la obra social no puede quedar reducida a una fórmula meramente nominal cuando las decisiones centrales siguen concentradas en funcionarios designados por el Poder Ejecutivo y los representantes directos de los afiliados carecen de herramientas efectivas para conducir, corregir o reencauzar la situación. Si la conducción efectiva permanece centralizada, entonces también debe asumirse con la misma claridad la responsabilidad política por el rumbo adoptado y por sus consecuencias. La nota dirigida a la Legislatura tuvo, en ese sentido, un propósito complementario pero igualmente urgente: reclamar una actuación seria, eficaz y responsable de uno de los poderes del Estado frente a un cuadro que ya no admite postergaciones.
Cuando una institución destinada a proteger la salud de miles de personas se encuentra en un estado de deterioro tan profundo, no alcanza con observar el problema desde afuera. Hace falta decisión política, control efectivo, medidas normativas claras y voluntad de impedir que la obra social siga siendo utilizada como espacio donde otros desequilibrios descargan su peso. La defensa de la OSEF no puede separarse de la defensa de la clase trabajadora y de los sectores más vulnerables. Los fondos de la obra social no son un recurso indiferente, tienen un destino social específico, nacen del esfuerzo de trabajadores activos y pasivos y deben volver a ellos en forma de cobertura real, oportuna y digna. Cuando esos fondos se retienen, se refinancian sin una estrategia de fondo o se administran sin un plan visible de recuperación, lo que se resiente no es solamente una caja. Lo que se debilita es una herramienta básica de solidaridad social y de protección colectiva. Estas notas fueron presentadas porque el silencio ya no es admisible y porque la incertidumbre institucional también enferma. Cuando no hay respuestas claras, cuando no hay planificación visible y cuando los afiliados ven que los prestadores, los servicios y los medicamentos se vuelven casi nulos, el Estado tiene la obligación de dar explicaciones, asumir responsabilidades y actuar con urgencia.
No pedimos privilegios, pedimos previsibilidad, transparencia, saneamiento y un rumbo cierto para una obra social que debe volver a estar al servicio de sus afiliados. Hoy más que nunca, defender la OSEF es defender el derecho a la salud, la dignidad de quienes trabajaron toda su vida y la necesidad de que ninguna persona quede librada a la lógica del abandono. Lo que está en juego no es solamente el funcionamiento de una institución, es la protección concreta de miles de fueguinos y fueguinas.
