Entre 2023 y 2026, Tierra del Fuego atraviesa una transformación profunda en su política energética. Un informe del Observatorio Social, Político y Económico del Instituto de Cultura, Sociedad y Estado (ICSE) de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, AeIAS (UNTDF), elaborado por la docente investigadora Mg. Patricia Vara, analiza el impacto del viraje desde un modelo de protección estatal hacia uno de segmentación territorial y ajuste fiscal en el consumo de Gas Licuado de Petróleo (GLP).
El trabajo denominado “La Política de Hidrocarburos como herramienta de (in)equidad: De la Tarifa Social a la segmentación del consumo de GLP en Tierra del Fuego (2023-2026)”, (VER INFORME COMPLETO) analiza la evolución del subsidio al gas envasado en la provincia, el impacto de la segmentación territorial y la escalada tarifaria acumulada del 4.900% entre 2023 y 2026. También aborda las consecuencias sociales, habitacionales y energéticas que atraviesan miles de familias fueguinas en un contexto de desregulación y retracción estatal.
La investigación expone cómo la desregulación nacional y el retiro de subsidios erosionaron el régimen de “Zona Fría”, trasladando el costo energético a las provincias australes. En este contexto, el Estado fueguino debió asumir un rol de contención mediante el programa “Subsidio al Consumo Residencial de Gas Envasado y a Granel”, que hoy alcanza a casi seis mil hogares sin acceso a red. Sin embargo, el nuevo esquema normativo —Decreto Provincial Nº 505/2026 y Resolución M.E. Nº 209/2026— redefine la asistencia bajo criterios de geolocalización y sustentabilidad fiscal, reduciendo drásticamente los cupos mensuales y excluyendo a familias que viven cerca de la red de gas.
El estudio advierte que esta segmentación desconoce las condiciones climáticas extremas del territorio, donde las bajas temperaturas se extienden más allá del calendario nacional. En Ushuaia, Río Grande y Tolhuin, los hogares sin red reciben entre 450 y 190 kg mensuales, mientras que quienes poseen acceso técnico enfrentan una quita total del beneficio tras 90 días de notificación.
La evolución tarifaria del GLP refleja un incremento acumulado del 4.900% entre 2023 y 2026, pasando de $6 a $300 por kilogramo, lo que convierte al gas envasado en un bien de difícil acceso para amplios sectores. Según el informe, esta escalada “institucionaliza la precariedad energética” y vulnera el derecho a una vivienda digna y segura en el extremo sur argentino.
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