En medio de la crisis, crece el consenso en la Legislatura para postergar la reforma de Melella

Tras el llamado a convencionales para el 9 de agosto, legisladores advierten que la situación social y económica obliga a priorizar la gestión. Mientras algunos piden suspender el proceso, otros avanzan con la idea de derogar la ley que lo habilitó. La discusión por la reforma constitucional sumó un nuevo punto de inflexión luego de […]

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En medio de la crisis, crece el consenso en la Legislatura para postergar la reforma de Melella
Tras el llamado a convencionales para el 9 de agosto, legisladores advierten que la situación social y económica obliga a priorizar la gestión. Mientras algunos piden suspender el proceso, otros avanzan con la idea de derogar la ley que lo habilitó. La discusión por la reforma constitucional sumó un nuevo punto de inflexión luego de que ayer 29 de abril el gobernador Gustavo Melella firmara el decreto de convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes para el próximo 9 de agosto. La decisión llegó en un contexto donde, en las semanas previas, distintos sectores políticos ya venían planteando la posibilidad de postergar el proceso, e incluso algunos comenzaban a hablar de avanzar en la derogación de la ley que lo habilitó. El dato no es menor: la intención del Ejecutivo de sostener la reforma nunca se retiró del escenario. Por el contrario, fue ratificada en distintas oportunidades por el propio gobernador y por sectores oficialistas, lo que terminó de consolidar una reacción dentro de la Legislatura. En ese marco, un grupo de legisladores empezó a fijar posición con un argumento común: la crisis socioeconómica que atraviesa la provincia exige ocuparse del presente de manera urgente. Salarios en tensión, paritarias frenadas, conflictos en el sistema de salud, convenios caídos y cuestionamientos sobre el manejo de fondos forman parte del cuadro que describen. A ese escenario se suma un frente fiscal bajo observación, con presupuesto reconducido y dificultades para acceder a información detallada sobre la ejecución del gasto, lo que —plantean— limita la posibilidad de encarar reformas estructurales sin un diagnóstico claro. Desde ese sector, si bien reconocen que la convocatoria a elecciones es una facultad del Poder Ejecutivo, comenzaron a expresar un pedido político concreto: que se reconsidere el momento y se suspenda la discusión en función del contexto social y económico. Sin embargo, no todos los planteos se quedan en la postergación. Otro grupo de legisladores endureció su posición y apunta directamente a la norma que habilitó el proceso. Sostienen que, a más de dos años de su sanción, no existe un proyecto de reforma concreto que justifique avanzar. Bajo ese argumento, consideran que la iniciativa no está vinculada a mejorar la calidad de vida de los fueguinos y que, en este contexto, carece de prioridad. Por eso, comenzaron a impulsar la posibilidad de derogarla y cerrar el proceso antes de que avance el calendario electoral.

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