El Tribunal de Cuentas avaló que el STJ tenga su propio manual para contrataciones urgentes

El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego contará con un manual de procedimiento interno específico para contrataciones directas por urgencia, según lo establece la Resolución Plenaria N° 044/2025 del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), que intervino a solicitud del propio Poder Judicial. El análisis se realizó tras el requerimiento presentado por el secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional del STJ, David Pachtman, con el objetivo de despejar dudas

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El Tribunal de Cuentas avaló que el STJ tenga su propio manual para contrataciones urgentes
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego contará con un manual de procedimiento interno específico para contrataciones directas por urgencia, según lo establece la Resolución Plenaria N° 044/2025 del Tribunal de Cuentas de la Provincia (TCP), que intervino a solicitud del propio Poder Judicial. El análisis se realizó tras el requerimiento presentado por el secretario de Gestión y Coordinación Administrativa y Jurisdiccional del STJ, David Pachtman, con el objetivo de despejar dudas sobre los procesos de compras vinculados a reparaciones o refacciones urgentes durante días y horarios inhábiles. Si bien el TCP no formuló objeciones al manual propuesto por el STJ, recordó que ya existe un marco general para las contrataciones públicas, establecido por la Resolución 17/2021, que aprobó el Manual de Procedimientos de Compras y Contrataciones del Sector Público Provincial no financiero. Aun así, reconoció que el Poder Judicial, al igual que el Poder Legislativo y otros organismos extrapoder, cuenta con autonomía para definir sus propios mecanismos internos de control. No obstante, el Tribunal de Cuentas recomendó que, en caso de que se soliciten actuaciones para tareas de control, el Superior Tribunal de Justicia deberá contar previamente con un Informe de Auditoría Interna, elaborado por agentes que no hayan participado en la adjudicación del proceso de compra. Además, la resolución establece una salvedad importante en relación a la fiscalización de las contrataciones: para certificar la recepción de bienes o servicios, el organismo deberá designar inspectores o comisiones de control, quienes, salvo imposibilidad material, tampoco deben haber intervenido en el proceso de adjudicación, aunque sí podrán brindar asesoramiento técnico. Este aval del Tribunal de Cuentas permite al Poder Judicial avanzar con un protocolo propio que regule contrataciones en situaciones de emergencia, fortaleciendo su capacidad operativa sin dejar de cumplir con los principios de transparencia y control que rigen en la administración pública.

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