El Superior Tribunal se acerca a una definición clave sobre la Reforma Constitucional

Luego de varios meses sin avances, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se encuentra en la etapa final de análisis de la medida cautelar que suspendió el llamado a elecciones para reformar la Constitución provincial. La resolución, que se espera en el corto plazo, podría reordenar el mapa político fueguino. El proceso judicial se originó el 5 de agosto de 2024, a partir de una presentación realizada por el legislador Jorge Lechman. Apenas un día después, el máximo órgano judicia

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El Superior Tribunal se acerca a una definición clave sobre la Reforma Constitucional
Luego de varios meses sin avances, el Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego se encuentra en la etapa final de análisis de la medida cautelar que suspendió el llamado a elecciones para reformar la Constitución provincial. La resolución, que se espera en el corto plazo, podría reordenar el mapa político fueguino. El proceso judicial se originó el 5 de agosto de 2024, a partir de una presentación realizada por el legislador Jorge Lechman. Apenas un día después, el máximo órgano judicial dictó una sentencia provisoria de diez páginas que paralizó sin fecha el desarrollo del proceso electoral. La elección para designar a los 15 convencionales constituyentes estaba prevista para el 10 de noviembre del mismo año. Durante meses, el expediente no registró mayores avances, aparentemente demorado en uno de los despachos del Superior Tribunal. Sin embargo, en los últimos días la causa fue reactivada gracias a gestiones internas del Poder Judicial a través del sistema SAE Kayen, lo que permitió a los jueces del cuerpo acceder al expediente y avanzar con el análisis de fondo. La notificación formal de esta reactivación fue enviada al Ejecutivo provincial mediante cédula electrónica. La inédita suspensión indefinida de un proceso electoral generó fuertes repercusiones en su momento. “La decisión del Superior Tribunal de Justicia de suspender las elecciones a convencionales constituyentes para la reforma electoral es un acto netamente político y no judicial”, expresó el gobernador Gustavo Melella a través de su cuenta oficial en la red social X, al día siguiente del fallo. En paralelo, distintos sectores políticos y mediáticos impulsaron una serie de cuestionamientos en torno al Decreto 1656/24, que habilitó el llamado a elecciones, e incluso propiciaron versiones sobre supuestas irregularidades en el procedimiento. Esto incluyó un allanamiento a Casa de Gobierno y una campaña que buscó deslegitimar el proceso de convocatoria. Durante ese periodo de tensión institucional, también se produjeron cambios relevantes en distintos órganos del Estado. En la Legislatura, se concretaron nuevas designaciones en la línea de sucesión provincial, con Myrian Martínez como vicepresidenta primera y Federico Sciurano como vicepresidente segundo. En el Consejo de la Magistratura, Mirian Edith Cristiano asumió la presidencia en reemplazo de Ernesto “Nene” Löffler. A su vez, la jueza María del Carmen Battaini inició un nuevo período al frente del Superior Tribunal de Justicia, y se produjo el desplazamiento del megasecretario Alejandro Sheriff, quien fue reubicado en la vocalía del juez Löffler. Ya con el escenario político más estable, la Justicia Penal también intervino. El juez Sergio Pepe, a cargo de una investigación sobre los orígenes del decreto de convocatoria, concluyó que “el Decreto de convocatoria a elecciones se había dictado correctamente”, según surge de las pericias y declaraciones testimoniales incorporadas a la causa. Con este antecedente, el Superior Tribunal quedó en condiciones de resolver la cautelar que aún mantiene congelado el proceso electoral. La jueza electoral Mariel Zanini había sido quien dispuso originalmente el cronograma, que quedó en pausa a la espera de esta resolución. El pronunciamiento del STJ es esperado con expectativa tanto por el arco político como por la ciudadanía. Su impacto será decisivo para definir si se retomará el proceso de reforma constitucional que había sido votado por 10 legisladores provinciales. En un contexto de alta sensibilidad institucional, se espera una sentencia que otorgue claridad y restituya certezas sobre un proceso central para el futuro político de Tierra del Fuego.

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