El bloque de diputados de La Libertad Avanza (LLA) buscará hoy junto a sus aliados avanzar en un plenario de comisiones con la reforma de la legislación penal para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y que se pueda condenar a los menores que cometen delitos graves.
BUENOS AIRES (NA).- De esta manera, el oficialismo busca instalar otro tema en la agenda parlamentaria, que hoy estará centrada en la sesión impulsada por bloques opositores para tratar el criptogate Libra y la moratoria previsional.
Por ese motivo el plenario se convocó para las 17:30 y no a las 15:30 como había previsto originalmente al plenario de las comisiones de Legislación Penal, Justicia, Familia y Presupuesto, que presiden Laura Rodríguez Machado (PRO), Manuel Quintar (LLA), Roxana Reyes (UCR), y José Luis Espert (LLA), respectivamente.
La intención del oficialismo, PRO, la UCR y Encuentro Federal es firmar un dictamen que estará basado en el proyecto del Poder Ejecutivo y la docena de iniciativas impulsados por legisladores de diferentes espacios políticos.
Lo que traba de fondo el debate es si los chicos serán imputables desde los 13 o los 14 años. No se aclara dónde los detendrían.
La baja de imputabilidad también es respaldada por los diputados que responden al jefe del Frente Renovador, Sergio Massa.
La estrategia del oficialismo es tener hoy firmado el despacho para tratarlo antes de fin de mes en el recinto de sesiones, informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
La iniciativa ya se debatió en siete reuniones el año pasado y este año hubo dos reuniones, una el 12 de marzo y otra el 19 de marzo, previo a la sesión en la que se debatió el acuerdo con el FMI.
Fuentes legislativas precisaron a esta agencia que si bien el Gobierno quiere establecer la edad en 13 años para procesar a un menor que cometió un delito grave, el consenso que hoy existe es que se puede bajar la edad hasta los 14, como proponen, entre otros, el diputado massista Ramiro Gutiérrez.
El proyecto del Gobierno establece que no se le podrá imponer al menor una pena de reclusión perpetua y que será el máximo de prisión de 20 años, aún si la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.
