El juicio está programado en el Tribunal de Juicio de Ushuaia para este lunes 18 de mayo y tendrá como imputados; el responsable del área de Vivienda de ATE Miguel Angel Arana, y Carlos Córdoba como secretario general del gremio, quien el fiscal sostiene no podía desconocer la maniobra e incluso se probó que llevó adelante gestiones administrativas ante el IPV y hasta recibió reclamos de algunos afiliados que pagaron para acceder a las viviendas.
Hubo un pedido de omisión de debate en trámite que finalmente el Tribunal desestimó y se confirmó la programación de este proceso oral y público para este lunes.
A juicio llegan 22 hechos consideradas “estafas” en los que diversas personas hicieron pagos para ser incluidos en los listados de beneficiarios que confeccionó ATE Ushuaia, y de los cuales el IPV solo controlaba que cumplieran con los requisitos para el acceso a viviendas.
Esta era una maniobra propia del gobierno de Rosana Bertone en el que la política habitacional del Estado increíblemente se delegaba en asociaciones sindicales o de otro orden social, generando estas situaciones de descontrol.
Además están imputados de defraudación por administración fraudulenta con falsificación ideológica de documentos, habiendo quedado sobreseídos otros integrantes de ATE durante la etapa de instrucción de la causa.
Lavado de dinero con un solo imputado
Finalmente al juicio también se suma un tercer imputado; Erik Enrique Moscoso Panozo, un agente externo a ATE, quien será juzgado por el delito de “lavado de activos” dado que del dinero defraudado, una parte fue invertido en la obtención de manera ilegítima de maquinarias, montándose una empresa.
En esa maniobra inicialmente estuvieron imputados el principal acusado del caso, Miguel Angel Arana junto a su esposa.
Increíblemente ambos fueron desvinculados de esta acusación en razón de celebrar con Gobierno una “reparación integral del daño” habiendo entregado una retroexcavadora que los vio eximidos de esta imputados. Todo ello tuvo la anuencia del fiscal del caso Daniel Curtale y el juzgado interviniente.
En ese caso no se dio parte al IPV que intervendrá en el juicio como parte querellante acusadora.
La investigación calculó que a las personas se las defraudó en $8.145.000 y cerca de 52 mil dólares; montos percibidos antes del año 2018 en que se comenzaron a radicar las denuncias-.
