El caso se originó a partir de una sanción impuesta por el Tribunal de Faltas de Río Grande al Banco de Tierra del Fuego, por no haber colocado el cartel obligatorio en una obra en construcción.
Sin embargo, durante el trámite de la apelación se comprobó que el Banco ya había vendido el lote a un tercero mediante un boleto de compraventa y que también había entregado la posesión antes de que se constatara la infracción. Es decir, cuando los inspectores detectaron la falta, quien estaba construyendo y tenía el control del terreno no era el Banco, sino el nuevo poseedor.
Ante esta situación, el juez consideró que no existía una relación directa entre la entidad bancaria y la infracción señalada. Como el Banco no estaba a cargo de la obra ni tenía la posesión del terreno al momento del hecho, no podía responsabilizárselo por la falta.
En consecuencia, la multa fue revocada.
Cómo funciona la apelación de multas
Cuando una persona o empresa sancionada por el Tribunal de Faltas no está de acuerdo con la decisión, puede apelar ante el Juzgado Correccional, que es el órgano judicial encargado de revisar esos casos.
En esta instancia, el Juzgado no vuelve a analizar la situación como si fuera una falta nueva, pero tampoco se limita a revisar cuestiones formales. Su intervención culmina con una sentencia judicial sobre la apelación, en la que puede confirmar la multa, modificarla o dejarla sin efecto. Esa decisión cierra el planteo en sede judicial.
Audiencias orales para agilizar los tiempos
Con el objetivo de mejorar los tiempos de respuesta, el Juzgado implementó la modalidad de audiencias orales para tratar estas apelaciones.
En este sistema, las partes exponen sus argumentos directamente ante el juez, lo que permite aclarar dudas en el mismo momento y avanzar hacia una resolución en plazos más breves.
La oralidad facilita el contacto directo del magistrado con el caso, reduce la cantidad de escritos y contribuye a un procedimiento más ágil. De esta manera, se busca brindar una respuesta judicial más rápida y eficiente en materia de multas municipales, garantizando el derecho de defensa y el debido proceso.
