El recurso extraordinario federal fue presentado a través de la Procuración del Tesoro de la Nación con la explicación de que aplicar esa norma "produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal".
La Procuración del Tesoro, "argumenta que su implementación costaría más que todo el presupuesto nacional y paralizaría funciones esenciales del Estado".
En el texto consta que "la sentencia recurrida genera una situación de gravedad institucional, dado que -al declarar abstracta la cuestión- ratifica declaración de inconstitucionalidad del Decreto N° 681/2025 obliga al Estado Nacional a realizar enormes erogaciones presupuestarias sin que se hayan previsto las fuentes de financiamiento -tal como ordena el artículo 5 de la Ley N° 24.629-".
Según el Gobierno la ley "produce consecuencias irreparables para el conjunto de la sociedad al comprometer las finanzas públicas y la sostenibilidad fiscal, dada la extensión dada al proceso (colectivo con alcance nacional) y el impacto fiscal de la implementación de la Ley N° 27.793 en las condiciones actuales, que pone en riesgo el sostenimiento del sistema de seguridad social y el financiamiento de áreas críticas".
En el petitorio, el Estado requirió que se tenga por interpuesto el recurso “en legal tiempo y forma”, que se lo conceda con efecto suspensivo y que se eleven las actuaciones al máximo tribunal. Finalmente, solicitó que la Corte Suprema revoque la decisión cuestionada.
