Mediante el decreto 111/2025 se estableció un ajuste en la distribución de los aportes obligatorios de las empresas beneficiarias; el 60% se destinará a proyectos productivos y de capacitación, mientras que el 40% financiará obras de infraestructura en la provincia.
La Ley 19.640, que rige el régimen de promoción en la provincia, fue creada con el objetivo de fomentar el desarrollo económico y productivo en la región, consolidando la soberanía argentina en un territorio estratégico. En 2021, a través del Decreto 727, el gobierno de Alberto Fernández extendió los beneficios hasta 2038, garantizando así la previsibilidad para las empresas radicadas en la isla.
Fuente: La Nación
