Dirigentes de ATE en el banquillo: el lunes arranca el juicio por la millonaria estafa de las viviendas

12:51 | Carlos Córdoba y Miguel Ángel Arana enfrentarán en Ushuaia un juicio por 22 hechos de estafa relacionados con falsas adjudicaciones de viviendas del IPV, tras la desestimación de los planteos de la defensa. La maniobra fraudulenta recaudó más de 8 millones de pesos y 52 mil dólares.

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Dirigentes de ATE en el banquillo: el lunes arranca el juicio por la millonaria estafa de las viviendas
El Tribunal de Juicio de Ushuaia pondrá en marcha este lunes 18 de mayo el debate oral y público contra la cúpula del gremio estatal ATE, en una causa que investiga una millonaria maniobra fraudulenta con planes habitacionales del Instituto Provincial de Vivienda (IPV). La reactivación del proceso penal se confirmó luego de que los magistrados desestimaran un pedido de omisión de debate presentado por las defensas de los acusados, obligando a los imputados a enfrentar al tribunal cara a cara.En el centro de la escena judicial se encuentran Carlos Córdoba, secretario general del sindicato, y Miguel Ángel Arana, responsable del área de Vivienda de la organización. De acuerdo con la acusación fiscal, Arana operaba de forma directa con los damnificados, cobrando importantes sumas de dinero en efectivo bajo la promesa de asegurarles un cupo en el listado de beneficiarios de los planes de vivienda. Por su parte, la justicia imputa a Córdoba al considerar imposible que desconociera la maniobra general, sumado a que existen pruebas de que el líder sindical realizó gestiones administrativas ante el IPV e incluso atendió personalmente los reclamos de varios afiliados cuando las casas prometidas nunca se entregaron.La investigación judicial logró consolidar un total de 22 hechos considerados estafas, cometidos con anterioridad al año 2018, momento en que las primeras víctimas radicaron las denuncias penales al ver frustrado el sueño de la casa propia. Los peritajes contables determinaron que el perjuicio económico total asciende a 8.145.000 pesos y cerca de 52.000 dólares, montos que los damnificados entregaban de manera informal bajo la figura de supuestos adelantos o gastos administrativos gremiales.El juicio también ventilará el rol de un tercer imputado, Erik Enrique Moscoso Panozo, señalado por lavado de activos tras haber utilizado presuntamente los fondos del fraude para montar una empresa de maquinarias viales. Aunque Arana y su esposa lograron esquivar la acusación por lavado mediante un polémico acuerdo de "reparación integral del daño" con el Gobierno provincial a cambio de una retroexcavadora, el juicio por defraudación por administración fraudulenta y falsificación ideológica seguirá su curso habitual. El propio IPV se presentará en las audiencias como parte querellante, buscando una condena firme para la conducción de ATE.

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