La denuncia, presentada este viernes 3 de abril ante la Justicia Federal, reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.
Presuntamente una red de desinformación rusa invirtió 283.000 dólares para “inyectar” al menos 250 artículos en más de 20 medios de comunicación argentinos.
“En un Estado constitucional de derecho no puede admitirse —ni relativizarse— la posible intervención de estructuras vinculadas a otro país en la formación de la opinión pública. Mucho menos cuando existen antecedentes periodísticos convergentes y un comunicado oficial del propio sistema de inteligencia que refuerza la gravedad de los hechos”, planteó el abogado.
Según un comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.
Monastersky señaló que debe investigarse la difusión organizada de contenidos falsos o manipulados, con financiamiento externo y alcance regional, no es un fenómeno menor: impacta directamente en el debate público y, en contextos electorales, puede incidir en la voluntad popular.
La senadora nacional Patricia Bullrich se hizo eco del informe y sostuvo que confirma una advertencia que había realizado meses atrás, cuando todavía era ministra de Seguridad.
“Una serie de investigaciones periodísticas confirman lo que denuncié hace 6 meses: una red rusa operando para meter noticias falsas en medios y redes sociales contra el Gobierno de Javier Milei”, escribió Bullrich en sus redes sociales. “Lo denuncié. Se rieron. Ahora está a la vista”, agregó, en un mensaje titulado irónicamente “Algo de ‘Conociendo Rusia’”.
