El jueves, el Senado pretende avanzar con la modificación sustancial de la ley que protege los glaciares. La norma forma parte de los acuerdos firmados por Milei con Estados Unidos en el marco de la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos.
EL DESTAPE.- El debate exprés sobre los cambios en la ley de protección de los glaciares denota que el alineamiento geopolítico de Javier Milei con la Alianza para la Seguridad de los Minerales Críticos impulsada por los Estados Unidos nada tiene que ver con el desarrollo económico de las provincias y el conjunto del país. El proyecto que se votará el próximo jueves en el Senado lleva de cintillo “una Argentina como economía de enclave” puesta al servicio de la industria bélica y tecnológica del corolario Trump sobre la Doctrina Monroe.
Sobre el cierre del año pasado, la administración Milei tenía todo listo para avanzar en el Senado con los cambios en la ley de glaciares. La postergación del debate para febrero parecía coincidir con las negociaciones que llevaba adelante Patricia Bullrich para conseguir las voluntades suficientes para la reforma laboral. Ninguna negociación fue en beneficio de los trabajadores, trabajadoras ni comunidades de las regiones mineras.
El Poder Ejecutivo manejó los tiempos para que ese supuesto dilate en el tratamiento de la norma que detentan varios grupos mineros coincidiese con la firma del “Instrumento Marco para el Fortalecimiento del Suministro en Minería y Procesamiento de Minerales Críticos” firmado con los Estados Unidos el pasado 4 de febrero. Milei pretende ofrecerle a Trump uno de los compromisos asumidos en el acuerdo subscripto por el canciller Pablo Quirno.
El texto del acuerdo es claro en cuanto a que los países se comprometen a agilizar cualquier aspecto regulatorio para facilitar la aprobación de proyectos mineros vinculados a los intereses bélicos y tecnológicos de Estados Unidos.
Dice el Instrumento Marco rubricado el pasado 4 de febrero:
“Los Participantes tienen la intención de implementar medidas destinadas a acelerar, simplificar o desregular los plazos y procesos de otorgamiento de permisos, incluidos aquellos necesarios para la minería, separación y procesamiento de minerales críticos dentro de sus respectivos sistemas regulatorios internos, de conformidad con sus respectivas leyes aplicables”. La modificación a la ley de glaciares encaja dentro de este esquema. El otro punto clave del acuerdo es que la administración Milei blanqueó que los beneficios establecidos en el programa de incentivos de entrega colonial de los recursos naturales – entiéndase RIGI- también se encuentran al servicio de las demandas de las corporaciones de Estados Unidos y las naciones integrantes del Foro sobre Compromiso Geoestratégico en Materia de Recursos (FORGE, por sus siglas en inglés).
“Los Participantes tienen la intención de intensificar sus esfuerzos de cooperación para acelerar el aseguramiento del suministro de los minerales críticos necesarios para respaldar la fabricación de tecnologías de defensa y avanzadas, así como sus respectivas bases industriales, incluso mediante el aprovechamiento de instrumentos de política existentes, tales como la demanda industrial y la infraestructura de acopio de los Estados Unidos y el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones de la Argentina (conocido por su sigla en español como «RIGI»)”, puede leerse en el artículo 2 del Instrumento Marco.
De cómo vaciar una ley sin que se note
El proyecto de glaciares enviado por el Poder Ejecutivo propone que no todas las formaciones con hielo perenne cuenten automáticamente con la misma protección sino que las provincias definan bajo sus propios criterios qué zonas presentan una función hídrica relevante. Se rompe el esquema de presupuestos mínimos ambientales de la ley sancionada en 2010.
“La ley de glaciares se construyó durante mucho tiempo. Pasó por un primer veto de CFK hasta conseguir su aprobación en 2010. La provincia de San Juan junto a la Barrick quisieron declararla inconstitucional hasta que la Corte Suprema de Justicia declaró su plena vigencia. Se construyó un amplio consenso democrático sobre esta ley”, sostuvo en diálogo con El Destape Pía Marchegiani, abogada (Universidad de Buenos Aires); magíster en Estudios Globales (Universidad de Friburgo, Alemania y Universidad de Kwazulu-Natal, Sudáfrica) y doctora en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO-Argentina).
El ambiente no reconoce fronteras; las reservas estratégicas del agua no tienen fronteras y sirven tanto para la agricultura, la producción vitivinícola en Mendoza, la ganadería, las personas y la propia vida del ecosistema.
“Decían que necesitaban una mejor definición sobre el alcance de la ley pero ahora se pone en duda la relevancia hídrica de las áreas protegidas. La facultad para definir qué glaciar tiene agua pasará a los gobernadores. Será una definición política y no científica. Serán las empresas mineras las que definan”, agregó Marchegiani.
El artículo 124 de la Constitución nacional, que establece el dominio originario de los recursos naturales en las provincias (quizás este sea el principal problema que amerite en un futuro una revisión constitucional) y el artículo 41 sobre el cuidado del ambiente y los presupuestos mínimos van de la mano. A las mineras siempre les interesó que todo el poder de decisión recayera sobre las provincias, sobre las que pueden ejercer, a priori, un lobby más efectivo.
Lo que pretende cambiarse este jueves forma parte del corpus argumental ya esbozado por la Barrick Gold junto a la provincia de San Juan al cuestionar la constitucionalidad de la propia ley, planteo rechazado por la Corte Suprema de Justicia.
En 2019, el Máximo Tribunal falló en contra de San Juan y la Barrick. Desde entonces, se creó una jurisprudencia que sigue poniendo a la Nación como el armonizador de los bienes a proteger –teniendo en cuenta que un glaciar, por ejemplo, posee incidencia sobre varias provincias- en sintonía con los derechos de las provincias.
“Los artículos 41 y 124 de la Constitución Nacional deben ser interpretados buscando adaptar la gestión de los recursos naturales a las directivas de la cláusula ambiental, para cumplir de la forma más fidedigna posible un mecanismo propio del federalismo concertado que estableció el constituyente reformador de 1994. La tarea de concertación federal es primariamente de las autoridades políticas nacionales y provinciales, que deben conjugar intereses para potenciar el cumplimiento del texto constitucional, sin vaciar de contenido el modelo federal del Estado ni el proyecto ambiental de la Constitución”, puede leerse en la sentencia de 2019 que llevó las firmas de Carlos Rosenkrantz, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.
Lo que se derrite es la ley que protege a los glaciares
De la modificación a la ley de glaciares tampoco subyace que se esté considerando un desarrollo regional virtuoso. Quizás, sea todo lo opuesto. Además, se impulsa la desafectación del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA – Conicet) como autoridad de aplicación en la protección de los cuerpos de agua, en coincidencia con el compromiso asumido por el país para entregarle a los Estados Unidos un mapeo cartográfico de todos los recursos naturales.
Un claro ejemplo de cesión de soberanía
“En la actualización de la región de los Andes Desérticos se observó que entre 2018 y 2023 hubo una reducción del 17 % en la superficie con glaciares y del 23 % en los manchones de nieve perennes. Esto fue producto del aumento de las temperaturas y una disminución de las precipitaciones. Son las consecuencias del cambio climático”, sostuvo Pablo Villagra, director del IANIGLA, durante la exposición en las comisiones del Senado realizada sobre el cierre del año pasado.
Atenta a su exposición, la senadora Alicia Kirchner –que en su momento como gobernadora había impulsado una ley provincial para captar parte de la renta de las mineras por fuera de las regalías con el objetivo de financiar la obra pública de la provincia en épocas de ajuste macrista- le preguntó a Villagra si lo habían convocado a discutir los cambios sobre la ley de glaciares. La respuesta no sorprendió a nadie. “No fuimos consultados. Le quitan toda la autoridad al instituto, casi que desaparece en su rol de definir qué es un glaciar y un ambiente periglacial”.
Los que sí fueron consultados a través de los Mesa del Litio (Raúl Jalil, Catamarca) y el Cobre (Marcelo Orrego, San Juan) -una suerte de balcanización de los recursos naturales del país- fueron los integrantes de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros.
“Nosotros hace mucho que tenemos diálogo permanente con las provincias; qué mejor que ellas cuidando sus propios recursos. Hacia el 2035 se va a duplicar la demanda de cobre. Tenemos una ventana de oportunidad única. Y a los ambientalistas les digo, ustedes que quieren poner paneles solares, sepan que para eso se necesita cobre”, sostuvo Alfredo Vitaller, directivo de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros, pieza clave en el desarrollo de los proyectos Josemaría y Filo del Sol, unificados bajo el nombre de Vicuña Corp, fusión entre Lundin Mining y BHP.
El tono despectivo de Vitaller es de alguien que posee tiempo y recursos para extender su poder de presión. “Lo que se nota es que del lado de las empresas mineras y las diferentes cámaras empresariales no existe una real preocupación por obtener la mejor ley posible. Este es un proyecto explícitamente regresivo. El Gobierno nacional está llevando adelante todas las estratagemas para que parezca que ésta no es una ley regresiva pero la están vaciando”, argumentó Elizabeth Möhle, investigadora de la organización Fundar y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).
En su informe de 2024, Fundar había anticipado el destino de las inversiones mineras bajo el RIGI (lo mismo podría caberles a los cambios sobre la ley de glaciares). “Se busca consagrar de una vez y para siempre un patrón de especialización productiva de Argentina como mero exportador de commodities, con multinacionales dominando la crema del negocio y sin ninguna articulación con el entramado productivo nacional o el sistema de innovación. Economía de enclave pura y dura”, puede leerse en el documento titulado “El RIGI, un proyecto anti-Argentina”.
Möhle fue más explícita. “Se sigue actuando como una economía de enclave donde solamente se piensa en las divisas. Para generar un verdadero desarrollo local, necesitas pedirle a la actividad infraestructura, esto debe quedar bien explicitado, como por ejemplo desarrollo de proveedores, políticas de responsabilidad corporativas para el impulso local. En la agenda del Gobierno no existe nada de todo esto”, concluyó la investigadora de Fundar y la UNSAM.
La cartografía de los recursos
Bajo el título “Cartografía geológica”, la Argentina se comprometió a profundizar la entrega de información sensible a los Estados Unidos. “Los Participantes tienen la intención de cooperar para contribuir al mapeo de los recursos minerales en la Argentina y en los Estados Unidos, con el fin de respaldar cadenas de suministro de minerales críticos diversificadas”.
Este apartado debe ser leído en línea con la pretensión oficial de modificar la ley de protección de glaciares y con los cambios de fondo que se buscan para la Ley que protege el dominio nacional del avance en la extranjerización de tierras, tema incluido en las conclusiones del Pacto de Mayo bajo el capítulo “inviolabilidad de la propiedad privada”.
La norma borra los límites establecidos para la adquisición de tierras, antes fijados en un 15%. Los extranjeros con mayor cantidad de tierras son las personas humanas y empresas de Estados Unidos con 2,7 millones de hectáreas.
Con los dos proyectos de modificación legislativa en juego, sumado el Instrumento Marco (Rubio, mascarón de proa para la neo Doctrina Monroe) para asegurarle a los Estados Unidos el abastecimiento de los minerales críticos para su industria bélica, la pregunta sobre quién controla el territorio del país y sus recursos naturales se vuelve más central que nunca.
