Aportes jubilatorios y de obra social impagos en Tolhuin: denunciaron a Harrington y el intendente responsabilizó al Concejo

El conflicto por los fondos entre el Municipio y el Concejo Deliberante de Tolhuin sumó una denuncia penal y una respuesta pública del intendente Daniel Harrington. Tras la presentación del presidente del cuerpo legislativo, Matías Rodríguez, el jefe comunal difundió una carta abierta en la que rechazó que se le atribuya la responsabilidad por los aportes impagos de los trabajadores del Concejo y advirtió sobre las consecuencias del enfrentamiento para las negociaciones con OSEF.Rodríguez cuestionó la presunta falta de transferencia de recursos que, según su planteo, el Ejecutivo debe girar al Concejo para su funcionamiento y para cumplir con los aportes y contribuciones de sus empleados. La presentación se produjo después de una denuncia de la Caja de Previsión Social contra el cuerpo deliberativo por obligaciones pendientes desde enero. El titular del Concejo responsabilizó al Municipio por esa situación.La respuesta de Harrington apunta a discutir esa atribución de responsabilidades. En su carta, sostuvo que el debate sobre cuánto dinero debe transferir el Ejecutivo no puede confundirse con la obligación del Concejo de ingresar los aportes de sus propios trabajadores.“Una cosa es discutir cuánto debe transferir el Ejecutivo al Concejo y otra muy distinta es quién tiene la obligación de ingresar los aportes y contribuciones de sus trabajadores a los organismos correspondientes”, expresó.El intendente señaló que la propia denuncia identifica deudas del Concejo con OSEF y con la Caja de Previsión, y menciona descuentos practicados sobre los haberes de sus empleados. Según su interpretación, la presentación intenta trasladar esas obligaciones al Ejecutivo a partir de la disputa por las transferencias presupuestarias.Sobre ese punto, anticipó que sus abogados responderán en el ámbito judicial. “Tengo absoluta tranquilidad respecto de mis actos”, afirmó.Harrington también cuestionó el momento elegido para denunciarlo. Relató que representantes del Municipio, del Concejo y del Directorio de OSEF habían mantenido una reunión para buscar una solución a las obligaciones pendientes, y que acordaron continuar el trabajo en una mesa técnica prevista para el 13 de octubre.Según explicó, la propuesta municipal contempla regularizar las obligaciones propias e incorporar las del Concejo dentro de un mismo acuerdo, con un plan de pago asumido por el Ejecutivo. Aseguró que sería el tercer convenio en el que el Municipio se hace cargo también de compromisos del cuerpo deliberativo.“Mientras estamos intentando resolver institucionalmente obligaciones que corresponden al Concejo, se presenta una denuncia contra el Intendente intentando responsabilizarlo por esas mismas obligaciones”, cuestionó.Como parte de su defensa, afirmó que el Ejecutivo ya giró al Concejo más de $2.000 millones “durante este período”, aunque la carta no precisa las fechas que abarca esa cifra ni detalla su relación con el monto reclamado. Rechazó que se presente al Municipio como una administración que retiene recursos sin considerar las transferencias realizadas y las alternativas que propone.También informó que ofrecieron a OSEF la transferencia de un inmueble y la construcción de una sede propia en Tolhuin, con farmacia y espacios de atención. Aseguró que entregaron documentación técnica, planos, cálculos financieros y plazos estimados para su evaluación.La carta incluyó un cuestionamiento político. Harrington señaló que la denuncia y su difusión pública ocurren cuando comienza a intensificarse la discusión electoral en la provincia. Aunque aclaró que no atribuiría intenciones que no pudiera demostrar, advirtió que la judicialización tensiona una negociación que, según sostuvo, sigue abierta.Pese al enfrentamiento, aseguró que continuará participando de esa instancia. “No voy a utilizar esta denuncia como excusa para abandonar una negociación”, afirmó.El desacuerdo central sigue planteado: Rodríguez vincula los aportes impagos con las transferencias que reclama al Ejecutivo; Harrington sostiene que esa discusión presupuestaria no desplaza la responsabilidad del Concejo frente a los organismos. La carta expone su posición política e institucional, mientras reserva para la Justicia la respuesta jurídica a la denuncia.