A horas de visitar Río Grande, el titular de la UOM nacional fue imputado en una causa por “defraudación” de fondos sindicales

El allanamiento lo ordenó el viernes el juez federal Julián Ercolini en la sede central porteña de la Unión Obrera Metalúrgica en Capital Federal.

Surge tras la denuncia de un sector sindical opositor a la figura de Abel Furlan, y a través de un pedido del fiscal Eduardo Taiano contra el líder metalúrgico por haber cedido el manejo de dinero del gremio a una compañía vinculada con La Cámpora y una empleada del sindicato.

Furlan está imputado de los delitos de defraudación por administración fraudulenta y asociación ilícita, vinculados con la administración de fondos sindicales provenientes de los aportes de afiliado, en un acuerdo con la empresa USEM, por un contrato por más de 100 millones de pesos por mes.

“El acuerdo habría establecido como contraprestación honorarios equivalentes al 0,5% de todo lo recaudado por cuota sindical —estimados en más de 100 millones de pesos mensuales— y una duración contractual de 10 años, con una cláusula que permitiría únicamente a la empresa rescindir el vínculo».

La firma es con María Soledad Calle, accionista y directora de la firma, quien además presenta un conflicto de intereses, en razón de que «revestiría simultáneamente la condición de empleada en relación de dependencia de la UOM».

Todo ello ocurrió a menos de 48 horas de la presencia de Furlán en Río Grande donde acompañó el paro del miércoles y a los trabajadores despedidos de Aires del Sur, para con los cuales asumió un compromiso de financiar la lucha desde Buenos Aires.